El espectáculo que Ayuntamiento de Icod y Cabildo de Tenerife nos ofrece, aburre. Uno culpa al otro, el otro culpa a uno, y en Riquel, todo peor. Hace varios días se publicó que el Pleno de Icod, en sesión de 29 de marzo aprobó una moción en la que pide al Cabildo que redacte un Plan Territorial del Ámbito Extractivo de Riquel y que descarte usos extractivos. Ese mismo día el Viceconsejero del Cabildo, José Manuel Bermúdez, contesta también públicamente que la solución del conflicto de es competencia municipal.

Ahí los tienen perfectamente retratados: Ayuntamiento de Icod, Cabildo y Agencia de Protección del Medio Natural se abstraen cobardemente de la podrida y cotidiana realidad de Riquel. Allí no existe control ni un día ni otro, ni ley ni principio de autoridad, Riquel territorio condenado de Icod.

Áridos Abreu, Desguaces Tenerife, Prebasa, Forthor, Comunidad Rodríguez Zarza: no se detienen. Juan José Dorta Álvarez, alcalde, evitó detenerlos hace diez años. En declaración ante el Juzgado de Instrucción de Icod -día 7 de marzo de 2005-, usó su derecho a no contestar porqué retiró en 1995 los precintos dispuestos por la Dirección General de Política Territorial, sólo ocho días después de colocados, y usó su derecho a no contestar porqué hoy, diez años después, esos precintos no han sido repuestos y las actividades clausuradas. Admiren que efectivo puede ser cuando quiere. Contra numerosas y significadas voces de su propio partido, lo que es más grave contra el informe jurídico del Consistorio, se cargó en ocho días los precintos y logró la reactivación de las industrias.

Riquel es hoy aquel desastre multiplicado por diez años, nuevos frentes de cantera, zonas cada vez más extensas de desechos y chatarras a cielo abierto, luego sepultadas. De contaminación, de polvo y ruidos. Ya no es una sospecha, sino público y manifiesto: todas las actividades e industrias de Riquel son ilegales: Forthor nunca ha contado con autorización para puesta en servicio de la actividad hormigonera y cementera que realiza en Riquel, ni el Cabildo ni la Dirección de Costas ni de Industria. Áridos Abreu es completamente ilegal, ya desde el año 1993 la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias rechazó su proyecto de de industria, no cuenta con autorización de Minas, ni de Industria, ni del Cabildo ni del Ayuntamiento de Icod. Desguaces realiza actividad de Centro Autorizado pero no tiene autorización para Riquel, sino en Taco (Santa Cruz). En Riquel no cumplen elementales requisitos de instalación, control y evitación de efectos nocivos, tampoco de depósito y evacuación de elementos residuales altamente contaminantes: aceites, combustibles, baterías, neumáticos, etcétera. Desguaces construye una nave de 500 m2 en suelo rústico a pie de servidumbre de costa aunque tiene autorización. Acumula más de 15.000 vehículos y máquinas inservibles. Prebasa no tiene una sola autorización, lo admite así en el Juzgado pura y simplemente. Sí tiene una planta en funcionamiento de machaqueo y clasificación de áridos junto a los riscos de la mar.

Pues eso a Juan José Dorta le importa poco o nada, y ahora, después de diez años de no dar un palo a Riquel, dice que no es capaz ni competente, e incluso lo declara en el Juzgado y aporta un ejemplar de su último programa electoral para que quede demostrado lo que Riquel le preocupa. Icod completo sabe que Riquel es suelo rústico, de protección agrícola, su litoral junto el Charco del Perro y la Cueva del Rey es paraje de protección paisajística, si no cualquiera puede examinar planeamientos y ordenamientos de suelos vigentes en la Oficina Téncica del Ayuntamiento ó bien en la Gerencia Territorial del Catastro.

Por lo que sobran, señor alcalde y Pleno Municipal, declaraciones de buenas intenciones. Lo lamentamos, pero su palabra ya no basta. Este conflicto le pesará hasta que la legalidad se restablezca en Riquel, en este lugar de todos los icodenses y canarios. Riquel no es un conflicto de cuatro pescadores. Defendemos un territorio atacado de más de 400.000 m2 , el derecho a un medio ambiente limpio y cuidado frente a los especuladores y la destrucción irracional de los recursos naturales, exigimos que los causantes recuperen lo que han destrozado y que lo paguen hasta el último céntimo. Defendemos una cosa muy simple: que el alcalde de Icod sea el alcalde de los vecinos de Icod y no el valedor de un puñado de especuladores.

El decreto de retirada de precinto de industrias de Riquel dictado por el Ayuntamiento -16 de julio de 1996-, se firmó por el entonces alcalde accidental, Pastor Delgado Hernández. Ese decreto fijaba el plazo de un mes para legalizar o cerrar. José Felipe Afonso González, representante legal de Prebasa, declaró en el Juzgado -7 de marzo de 2005-, que ocupa una finca en Riquel que pertenece a Pastor Delgado Hernández, el mismo que firmó el decreto citado, y que éste ha sido económica y debidamente compensado. La Asociación de Vecinos pedirá al Juzgado de inmediato que este nuevo y alarmante dato sea investigado.