Agustín González Arbelo
Miembro de Alternativa Nacionalista Canaria en Icod
Hace poco el Ayuntamiento de Icod de los Vinos publicaba una nota de prensa en la que el alcalde aclaraba su reciente viaje a Venezuela. Nos parece poco serio que saque a la luz, con todo detalle, lo que ha costado el viaje a Venezuela comparándolo con el costo que supuso para las arcas municipales el que hizo el anterior alcalde.
En la nota de prensa se obvia informar que tanto el señor Diego Afonso como su socia de gobierno, Isabel García, acompañaron al anterior alcalde, el señor Juan José Dorta (Cheo) en otro viaje a Venezuela, aunque no fue el de la comparación económica. Y ese viaje sí que fue pagado íntegramente por los vecinos del municipio. ¿Por qué no se negó a viajar entonces Diego Afonso, o lo pagó de su bolsillo como ahora presume de haberlo hecho?. Más, teniendo en cuenta que una parte del viaje consistió en irse de vacaciones a Isla Margarita. Quizás sea ese el motivo, por el que en su día siendo portavoz del grupo mayoritario de la oposición, no lo denunció, ni criticó, subiéndose al avión y mirando para otro lado.
Ahora, con esta nota en los periódicos, da la impresión que el actual alcalde pretende justificar este último viaje suyo, sacando las comparativas como si fueran datos nuevos. Y esperando que el pueblo encima se lo agradezca. Nosotros entendemos estas formas como carroñeras. Creemos que no es honesto dejar de denunciar las cosas cuando se debe de hacer y esperar el momento que convenga políticamente, buscando únicamente un beneficio electoral.
Vistas las formas, tanto de uno como de otro lado, podemos imaginar que la principal preocupación del grupo de gobierno de CC-PP será ir sacando, uno a uno, todos los desmanes del gobierno anterior, que son numerosísimos, como ejemplo: las famosas auditorias sobre Icodemsa y Ayuntamiento, pagadas por todos los icodenses y que no hacen públicas, pero que nadie dude que saldrán a la luz cuando convenga con el único fin del desprestigio político, olvidando que, si existieran indicios de faltas graves, el deber del alcalde como máximo responsable del Ayuntamiento es denunciarlo inmediatamente y representar y defender los intereses del pueblo donde haga falta, incluso si es en el Juzgado, hacer pagar a quien los perjudicó con sus acciones u omisiones.
Todos en Icod somos conscientes de la cantidad de despropósitos de aquellos tiempos, pero ahora este actual gobierno municipal lo pretende utilizar como la chistera de los malos magos, desviando la atención para tapar al máximo posible, sus carencias y errores. El señor Diego Afonso cuando debía hacer las tareas de oposición no las hizo, y ahora, para sorpresa de todos, cuando lo que tiene que hacer es gobernar, se quiere convertir en oposición de la oposición. Cuando lo que toca es moverse y trabajar en buscar subvenciones y buenos proyectos para el futuro e intentar sacar a esta ciudad del estancamiento general que soporta desde hace años, la principal preocupación del alcalde y su equipo gobernante es descalificar a la oposición por su gestión anterior.
Suponemos que el Juzgado de Icod ya habrá tomado nota de cómo en el artículo publicado desde el Ayuntamiento sale tan bien explicado, con todo lujo de detalles, los gastos del viaje a Venezuela del anterior mandatario. Comprobando que existe la información que reiteradamente se ha solicitado para las diligencias del caso y que hasta ahora no llega, o llega incompleta.
Por otra parte, esperamos que aunque insista en que el viaje por Venezuela haya sido costeado de su bolsillo, los quince días que pasó allá le sean descontados de su periodo vacacional que le corresponde como funcionario público, pues le recordamos al alcalde Afonso que quien le paga son los ciudadanos de Icod, que pagan sus impuestos en la ciudad y que a ellos se debe.
Por ahora, que nosotros sepamos, los ayuntamientos no tienen las competencias de relaciones exteriores. De lo contrario, le exigimos al señor alcalde que nos informe con todo detalle que gestiones realizó en Venezuela para el beneficio de los vecinos de Icod, porque para cualquier trabajador faltar quince días de su puesto de trabajo supone causa de despido inmediato, y para un cargo electo faltar quince días de sus obligaciones debe de ser motivo de repulsa y recriminación por parte de los ciudadanos, pues supone estafa y corrupción.