El proceso judic¡al abierto por un presunto delito continuado de prevaricación contra el anterior alcalde de Icod, Juan José Dorta (PSOE), y contra los siete componentes de su Junta de Gobierno municipal, toma un nuevo cariz con una reciente resolución de la Audiencia Provincial.
Según ha podido conocer LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS, ratificando la desestimación en primera instancia del Juzgado número 2 de Icod, la Audiencia también deja sin efecto el recurso que –la pasada primavera- interpusieron los ocho abogados de la defensa solicitando dejar sin efecto la legitimación de la acusación particular, tras ésta tener que reconvertirse en acusación popular.
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Juan José Dorta, ex alcalde de Icod |
De haber prosperado este recurso de la defensa ahora desestimado asimismo en instancia superior, se hubiera podido incluso dar el caso de que la validez de un importante número de pruebas y parte de los interrogatorios a imputados y testigos en esta instrucción 736/2007, hubiera tenido carácter de nulidad. De haber sido así, esta situación habría conllevado a que -prácticamente- tuviera que repetirse buena parte del proceso judicial con actuaciones que ya han tenido lugar.
Ratificada la segunda ampliación de denuncia
La resolución de la Audiencia implica también que si se pueda incorporar al sumario de hechos investigados la segunda ampliación de denuncia formulada por la acusación en los primeros meses de 2008. Ésta se relacionaba con supuestas irregularidades en compras y pagos, contratación de personal, subvenciones, publicidad institucional prohibida por Ley y financiada con fondos municipales, creación de una comisión especial de concejales delegados de manera anómala, un decreto de Alcaldía otorgando prescripción de una infracción urbanística en un edificio de La Centinela que sobrepasó su volumetría en tres plantas más de las previstas en su licencia de construcción, el pago de una comida con fondos públicos tras una actividad presuntamente partidista, con ocasión de una visita a Icod en marzo de 2007 del entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, y la extensión con nuevos datos entonces en la denuncia inicial de una irregular compra de un vehículo industrial.