Fechado en marzo pasado, un informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, concluye en que se entienden indebidas todas las cantidades económicas percibidas por cinco concejales del PSOE al asistir a una presumiblemente irregular comisión especial de delegados durante los cuatro años de la anterior legislatura 2003/2007. En el cálculo global de este grupo de concejales y durante los cuatro años, la cantidad percibida de manera indebida podría estar muy cerca de los 100.000 euros.  

Los ediles del anterior grupo de gobierno socialista a los que alude el informe emitido por la actual fedataria municipal, Raquel Oliva, tras analizar los documentos contables, son Bernardo Martín, Elena Fajardo, José Alberto Ruiz, Luciano López y Jesús Rolo. Con este nuevo dato se amplía el número de cargos políticos que cobraban por asistir a estas comisiones, por cuanto hace unos meses el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento (CC-PP) denunciaba posibles cobros indebidos de dietas tan solo de Bernardo Martín y Jesús Rolo. Una denuncia que posteriormente asimismo hizo ante el Juzgado la acusación popular del caso 736/2007 que se sigue en relación al ex alcalde Dorta y su junta local gobernante en el Consistorio iocodense.

En la argumentación del citado informe jurídico al que ha tenido acceso este diario digital, se concluye en que esta comisión especial no se creó con el acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno -tal como establece la Ley- así como que tampoco guardó una proporcionalidad entre los distintos grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Además, y aunque no se cita en este informe de la Secretaría General, según ha podido saber LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS pudiera ser probable que estas reuniones de carácter semanal del grupo gobernante del PSOE, no tuvieran ni decretos de convocatoria, ni orden del día oficial, ni tampoco actas del contenido de lo tratado en las mismas.

Los antecedentes

Ya el pasado septiembre * publicábamos en primicia que el actual grupo de gobierno CC-PP ponía en conocimiento de la Fiscalía Provincial el hecho de irregulares cobros de dietas por parte de dos concejales socialistas (Rolo y Socas) al participar de estas reuniones. En diciembre, la fiscal Enriqueta de Armas informó que los hechos no eran constitutivos de un delito penal * de malversación de caudales públicos. Desde el Ministerio Fiscal, eso si, se advertía entonces que lo que si existía era una ilegalidad en el percibo de esas dietas y que, por consecuencia, se siguiera esa posible infracción por la vía administrativa. Posteriormente, en febrero ya de este año, los actuales regentes del Ayuntamiento comunicaban que continuarían estudiando este asunto * por parte de los servicios jurídicos municipales, en principio por esa mencionada vía administrativa.