23 de mayo 2008

La concesión de licencia de obras de las viviendas de protección oficial que construye la empresa municipal Icodemsa desde julio de 2007 en Santa Bárbara, forma parte del proceso judicial abierto contra el anterior grupo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Icod, tras la conocida denuncia de la Fiscalía provincial el pasado verano por dos presuntos delitos continuados de prevaricación.

Otorgada esta licencia en noviembre de 2006 por la junta local entonces gobernada por Juan José Dorta, la aprobación de la misma se decretó a pesar de sendos informes previos desfavorables del arquitecto de la Oficina Técnica Municipal y de la Secretaría General del Ayuntamiento. Del contenido de estos informes, según ha tenido acceso LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS, se desvela que las 58 viviendas sociales mencionadas se proyectaron asentar sobre suelo destinado a equipamiento docente y con afección de un vial, según la normativa vigente de planeamiento urbanístico en la ciudad, las Normas Subsidiarias (NNSS) de 1987.

Evidenciándose en el informe suscrito por el citado arquitecto municipal, Ruymán Lorenzo, esa calificación no residencial en vigor, éste no obstante añadía que el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado provisionalmente en junio de 2006 calificaba ese suelo como residencial. Sin embargo, advertía el urbanista en su notificación técnica que tal PGO no era de aplicación hasta su aprobación definitiva. Además, y con posterioridad al anterior, asimismo la secretaria general accidental del Ayuntamiento por aquellas fechas, Concepción Garrido, emitía un informe jurídico también desfavorable. Hacía la fedataria municipal al entonces gobierno local del PSOE las pertinentes advertencias legales del artículo 189 TR y 390 del Código Penal. En sede judicial y en comparecencia como testigo del conocido caso contra el ex alcalde Dorta, Garrido declaraba en este punto -el pasado noviembre- que los gestores socialistas necesitaban la licencia para la obtención de la calificación del Instituto Canario de la Vivienda, añadiendo la técnico que cuando se concedió la licencia a Icodemsa, solo se tuvo en cuenta las NNSS vigentes y no el futuro PGO.

Con todo ello y aún en esta irregular situación de advertencia determinada por los técnicos del Ayuntamiento en el expediente previo, atendiendo al otorgamiento heredado de licencia la nueva dirección de Icodemsa afrontó hace diez meses iniciar la ejecución de las obras, tras entrar en la Corporación el gobierno municipal (CC-PP) que preside Diego Afonso.

Según ha podido conocer este diario digital de fuentes cercanas al equipo gobernante y a la empresa municipal, en el seno dirigente de estas entidades “se desconocía que éste fuera uno de los asuntos objeto de investigación” en el proceso 736/2007 que se instruye en el Juzgado Número 2 de Icod de los Vinos. La licencia (LM 164/2006) no advertía -indican- “de ninguna irregularidad”.

Recabada información fidedigna desde esta redacción, asimismo hace unos días la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN) cursó visita de inspección a pie de obra, entregándose desde la dirección de Icodemsa la citada licencia municipal.