12 de mayo 2008

Se confirma la presentación en el Juzgado de una segunda ampliación de la denuncia -por parte de la acusación popular- contra el ex alcalde de Icod, Juan José Dorta, y su anterior Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de esta ciudad. Tal como adelantaba LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS hace unas fechas, estos nuevos hechos se refieren a cuarenta y cinco contrataciones laborales en las que no se siguió el proceso de selección que determina La ley. Los contratos se llevaron a cabo de forma irregular, al pasar éstos de temporales a indefinidos por un decreto del ex mandatario local socialista en junio de 2005.

Estos nuevos hechos denunciados, constitutivos de un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias, se han unido ya al proceso 736/2007 que instruye la jueza del Número 2 de Icod desde agosto del pasado año.

Según fundamenta la acusación, el ex alcalde Dorta decidió contratar temporalmente, de forma directa, al menos a 45 personas -más de la mitad de la plantilla laboral del Ayuntamiento de Icod- sin realizar ninguna convocatoria pública de esos puestos ni dar la oportunidad a otras personas de acceder a esos empleos. Se da la circunstancia de que algunas de las personas contratadas eran o son militantes del PSOE, e incluso alguno formaba parte de la candidatura de esta formación política en las elecciones locales.

Los controles legales de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) -añade la denuncia- requirieron al entonces alcalde para que anulara las contrataciones, pero Juan José Dorta y su junta de gobierno propiciaron -al parecer- una tramitación injusta consistente en que al mismo tiempo que decían aceptar el requerimiento efectuado por la CAC, hacían todo lo contrario y convertían los contratos temporales ilegales en indefinidos, también de forma directa y sin proceso selectivo previo.

La irregular tramitación fue descubierta por la CAC, que presentó diversas denuncias contra el Ayuntamiento y pidió en vía judicial la suspensión de las contrataciones hasta que se dictara sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó la suspensión de los contratos, pero según reza en la denuncia el ex alcalde desatendió la orden. Finalmente el mismo TSJC anuló todas las contrataciones, pero Juan José Dorta tampoco cumplió las sentencias.

Según fuentes cercanas al caso, este alto número de contrataciones directas, a dedo, pudieron haber formado parte de una estrategia planificada para colocar en el Ayuntamiento a personas afines al PSOE, saltándose los pertinentes procedimientos legales. Según ha podido recabar este diario digital, podrían existir más contrataciones anómalas. En concreto, pudiera haberse también contratado de forma poco clara -no se hizo ninguna convocatoria pública- a un hermano del ex concejal de Hacienda y a un familiar del ex concejal de Agricultura.

Un caso de cierta semejanza en Galicia produjo sentencias de inhabilitación

En 2001, en el Ayuntamiento gallego de Ponteareas, en Pontevedra, un caso más o menos similar de contrataciones laborales irregulares produjo sentencias condenatorias de inhabilitación para el entonces alcalde, José Castro Álvarez (PP), y siete concejales de su Junta de Gobierno.

En aquellos hechos, y en relación a 23 contrataciones efectuadas por el consistorio ponteareano de forma directa por su alcalde, la Audiencia Provincial de Pontevedra, en su sentencia 12/2001, de 23 de julio, condenó al mencionado primer edil a la pena de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, concejal y todo cargo electivo de la Administración por tiempo de diez años, por  un delito continuado de prevaricación. Como autores de similar delito, fueron también entonces condenados los siete tenientes de alcalde de la junta local de gobierno que presidía Castro. En el caso de los ediles la pena fue de 7 años de inhabilitación.

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