22 de abril 2008

La ampliación de la denuncia por la que el Juzgado Número 2 de Icod investiga dos presuntos delitos continuados de prevaricación del anterior alcalde Juan José Dorta y los miembros de su junta de gobierno, se concreta en diez nuevos asuntos relacionados con 21 hechos. La acusación particular -ahora pendiente de revocación tras la petición de los abogados de la defensa- tal como en su momento publicó en primicia este diario digital solicitó en noviembre de 2007 a la jueza Rodríguez ampliar la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial contra el ex mandatario icodense y otros siete ediles del PSOE en la legislatura 2003-2007.

Los nuevos asuntos investigados en esta ampliación del procedimiento judicial 736/2007 se relacionan con supuestas irregularidades en compras y pagos, contratación de personal, subvenciones, publicidad institucional prohibida por Ley y financiada con fondos municipales, creación de una comisión especial de concejales delegados de manera anómala, un decreto de Alcaldía otorgando prescripción de una infracción urbanística en un edificio de La Centinela que sobrepasó su volumetría en tres plantas más de las previstas en su licencia de construcción, el pago de una comida con fondos públicos tras una actividad presuntamente partidista, con ocasión de una visita a Icod en marzo de 2007 del entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, la extensión con nuevos datos en la denuncia inicial de una irregular compra de un vehículo industrial y una petición de documentación de un expediente municipal no entregado a la acusación particular tras reiteradas solicitudes.

En el primero de estos nuevos asuntos denunciados, el que se refiere a compras y pagos, los hechos se pormenorizan en ocho casos. La acusación particular denuncia que por parte del grupo de gobierno que presidía Juan José Dorta se aprobaron facturas a favor de la empresa “Nortyflor” con informes desfavorables de la intervención municipal al no acreditarse la recepción de los materiales. Además, en un viaje realizado a Venezuela en febrero de 2006 por el alcalde Dorta, este percibió en concepto de gastos de representación un importe que, según la acusación, no coincide con las dietas que tiene establecidas el Ayuntamiento icodense en las bases de ejecución del presupuesto. En otro viaje a ese país y para unos actos de la celebración del veinte aniversario de la Asociación de Amigos Icodenses en Venezuela, se libró un pago de 15 mil euros a la concejala de Servicios Sociales, Ana María Pérez, que declaró ante la jueza no ir al viaje y derivó la responsabilidad de los compromisos económicos adquiridos en Venezuela a la empresa “Bailando Producciones”, que al parecer es propiedad de un ex concejal socialista de Buenavista.

Asimismo se denuncia en esta ampliación una serie de compras y pagos sin tramitarse los correspondientes expedientes de contratación. Se relacionan éstos con la edición de una revista municipal denominada Pelicar, folletos de una campaña publicitaria bajo el lema “Comprometidos con la calidad de vida” y la adquisición de un importante número de ejemplares del libro “Rey y alcaldes”, publicación sin relación alguna con el Ayuntamiento de Icod salvo que en el mismo figura Juan José Dorta elogiando la figura de Juan Carlos I.

Cierra este apartado denunciado de compras y pagos el hecho de que desde el Consistorio se abonó minuta profesional al letrado López Montero -el mismo que ahora defiende al ex alcalde- con ocasión hace años de una querella relacionada con la zona costera de Riquel. La acusación particular entiende que el Ayuntamiento no debió pagar al abogado, ya que se trataba de una responsabilidad personal e individual de Juan José Dorta.

Cuatro contrataciones irregulares de personal laboral figuran también en la denuncia, así como una subvención al mencionado colectivo de la “Asociación de Amigos Icodenses en Venezuela”. Otro de los asuntos que se investigan es la supuesta contradicción en las declaraciones que, como testigo, realizó una técnico municipal en relación con unas obras en una vivienda en suelo rústico del anterior mandatario icodense. 

Con esta ampliación de denuncia son ya cerca de sesenta los hechos que se investigan en el Juzgado número 2 de Icod, en conexión directa o indirecta con unas dos docenas de empresas y otras tantas personas particulares. Por poder resultar constitutivo éstos de prevaricación en relación con los artículos 74 y 404 del Código Penal, como se recordará se viene indagando desde la Fiscalía y los Tribunales de Justicia inicialmente también acerca de concesiones de licencias de obra mayor, licencias de primera ocupación y utilización, cédulas de habitabilidad, aprobación de proyectos de urbanización, adjudicación de proyectos de obra y otras aprobaciones de abono de facturas.