La instrucción judicial del caso de presunta prevaricación del anterior alcalde de Icod, Juan José Dorta, y de los siete componentes de su otrora Junta de Gobierno municipal, vuelve a dar otro giro -en menos de dos semanas- en relación con la solicitud de los letrados de la defensa de intentar dejar sin efecto la legitimación de la acusación particular y que, en todo caso, ésta se convierta en acusación popular.

Ahora y tras la desestimación hace días de la jueza Rodríguez de atender tal revocación, según hemos podido recabar de fuentes dignas de crédito la defensa ha recurrido la decisión judicial en instancias superiores, uniéndose a los dos primeros abogados solicitantes el resto de letrados que defienden a los políticos socialistas de Icod imputados.

Esta circunstancia ha tenido ya hoy su primer efecto. Se ha producido que en su segunda comparecencia ante la jueza hace unas horas, el ex primer mandatario Dorta se negara también a contestar a las preguntas que le formulaba la abogada de la acusación particular, tal como ya hicieron los pasados días 4 y 7 de este mes tanto Bernardo Martín como Ramón Socas. Esta -parece- será la tónica procesal en las próximas comparecencias de los imputados, la siguiente ya prevista para el lunes 21 en la persona del ex responsable de Urbanismo y ahora portavoz de la oposición, José Alberto Ruiz.

La dilación en el tiempo de este proceso 736/2007, todavía en diligencias previas, puede con esta “vuelta de tuerca” jurídica ser una constante de aquí en adelante. Incluso en el supuesto nada improbable de que el recurso de la defensa fuera estimado, se daría el caso de que la validez de un importante número de pruebas y parte de los interrogatorios tendrían carácter de nulidad. Esta situación conllevaría a que -prácticamente- tuviera que repetirse buena parte del proceso judicial con actuaciones que hoy en día ya han tenido lugar. Así están las cosas.