La investigación judicial que se sigue en Icod por la denuncia de la Fiscalía Provincial contra el anterior alcalde Dorta y su junta de gobierno, ha dado un inesperado giro que podría dilatar en el tiempo esta causa abierta por dos presuntos delitos continuados de prevaricación.

Así se desprende si la titular del Número 2 del Juzgado icodense, Carmen María Rodríguez, acuerda revocar y dejar sin efecto la legitimación de la acusación particular para intervenir en este procedimiento, según han solicitado hace escasas fechas abogados defensores de algunos de los hasta ahora ocho imputados por la Justicia en este caso.

En concordancia con este hecho y a indicaciones de sus letrados, ya en las últimas comparecencias ante la jueza de los pasados días 4 y 7 tanto Bernardo Martín como Ramón Socas se negaron a contestar a las preguntas que les formuló la abogada de la acusación particular. Algo que muy probablemente se repetirá en las próximas citaciones -entre ellas la del ex alcalde el próximo 17- si la magistrada Rodríguez considera la mencionada petición, o bien aún no se hubiera pronunciado al respecto.

La solicitud de revocación de la acusación particular presentada por la defensa se fundamenta en que, según el proceso penal español, solo pueden actuar como acusadores particulares las personas ofendidas o agraviadas por el delito en su condición de titulares del bien jurídico protegido. A criterio de los abogados defensores de los políticos socialistas imputados, esta circunstancia no se da en el caso de los dos empleados municipales que en su día pusieron en conocimiento de la Fiscalía los hechos que se juzgan. Así pues, en la legitima argumentación de la solicitud que ahora tendrá que decidir la jueza, se considera que de seguir personados en el caso los acusadores particulares tendrían que convertirse en acusación popular, que es aquella que se reserva a los ciudadanos que, sin tener un interés directo en el hecho cometido, si que están interesados como pertenecientes de la sociedad en la averiguación y castigo de delitos públicos.

Solamente en línea editorial informativa y sin entrar a valorar este diario digital en esta noticia otras circunstancias, lo que si quedaría claro en el caso de que la jueza acuerde esta revocación es que el proceso 736/2007 podría considerablemente alargarse en el tiempo, aunque, eso si, al final las conclusiones fueran las mismas.