Informan desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Icod que el reciente aplazamiento de las tomas de declaración judicial de la edil Ana María Pérez Díaz y del ex concejal Bernardo Martín Socas -dos de los políticos del PSOE imputados por presunta prevaricación junto al ex alcalde Dorta y otros cinco miembros de su anterior junta de gobierno- “no se debe a un retraso en la entrega de la documentación solicitada por el Juzgado”, contrariamente a lo que publicábamos en La Voz de Icod de los Vinos el pasado día 25 * de fuentes dignas de crédito cercanas al caso.

En nota de prensa oficial recibida en esta redacción hace unas horas, el equipo gobernante (CC-PP) comunica que no ha existido dilación en esta entrega de expedientes “ya que la solicitud de la documentación requerida en los meses de noviembre y diciembre de 2007, no incluía un plazo de entrega”, añadiéndose que “a pesar del volumen de la documentación los trabajadores municipales recopilaron los expedientes solicitados y éstos han sido entregados en tiempo y forma”.

El grupo de gobierno asegura que “tras la expectación creada, el pasado 25 el Ayuntamiento se puso en contacto con el Juzgado Nº2 de Icod para despejar dudas y aclarar que el motivo del aplazamiento de las comparecencias no se corresponde con lo publicado por los medios de comunicación”. Afirman desde la corporación que preside Diego Afonso que el aplazamiento de las comparecencias de Pérez Díaz y Martín Socas “no tiene que ver con el hecho de que no se hubiera entregado aún esta documentación por parte del Ayuntamiento”, algo que el propio alcalde manifestó también recientemente a este diario digital. Asimismo, añaden en la nota de prensa municipal que el aplazamiento decidido por la jueza Carmen María Rodríguez fue motivado por “el elevado volumen de documentos que presenta la causa”. Lo que provocó -según señala este comunicado del consistorio- “que no se hubiera finalizado el estudio y análisis de todos los datos por parte del Juzgado”.

Coherencia informativa

Sin embargo, y ratificando lo que publicábamos recientemente de fuentes fidedignas consultadas en su momento por este diario en su línea de coherencia editorial, éstas reiteran que el mencionado aplazamiento del 22 y el 26 de los corrientes se decidió, en instancia judicial, por expresa petición de las letradas de la acusación particular y de la Fiscalía ante la falta de documentación requerida meses antes al Ayuntamiento. Según ha podido recabar La Voz de Icod de los Vinos, ambas juristas solicitaron a la jueza Rodríguez postergar las declaraciones de Pérez y Martín toda vez que en sus interrogatorios probablemente tendrían previsto ahondar, entre otras, en consideraciones de la investigación que, tras la conocida ampliación * de la denuncia inicial, precisamente por esta falta de documentación señalada les hubiera dificultado su labor profesional.

Prueba asimismo de que si se corresponde con lo publicado por este diario tal decisión judicial, lo constituye el hecho del alcance de estos últimos expedientes enviados por el Ayuntamiento -“unos 3.000 folios”- según se concreta en la propia nota de prensa del grupo de gobierno. Un envío al Juzgado que según afirman desde el consistorio se realizó justamente el pasado 26, un día después de recibir el presidente de la Corporación local
-el 25 lunes- un oficio de requerimiento de la jueza, tal como la propia oficina de prensa municipal adjunta a su comunicado de hoy. En este requerimiento se le comunica al alcalde, Diego Afonso, que dispone de 5 días para enviar la documentación ya solicitada en sendos oficios de fechas 19 y 26 de noviembre y 11 de diciembre último.
Y justamente este oficio está dictado por la magistrada el primer día hábil siguiente a su decisión de aplazamiento, que fue tomada el viernes 22. En el mismo, la jueza además apercibe al presidente de la Corporación que de no enviar los expedientes en el plazo citado de 5 días "podrán incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial".

Resaltando el equipo de gobierno que “el plazo de entrega de la documentación de las peticiones realizadas en noviembre y diciembre es de cinco días a partir de la recepción de la solicitud de fecha 25 de febrero”, anuncian desde el Ayuntamiento que “hoy día 29 se ha enviado al Juzgado más documentación que fue solicitada en enero”, añadiéndose por último que “se ha respetado la fecha de entrega de la documentación requerida por el Juzgado, se han  cumplido los plazos y existe voluntad manifiesta para colaborar en todos los aspectos que requiera la Justicia”.

Oficio de requerimiento del Juzgado y escrito de respuesta del Ayuntamiento