El Grupo de Gobierno (CC-PP) de la Corporación municipal de Icod considera que ha actuado con rigor y respeto ante “los expedientes irregulares que han detectado los servicios técnicos del Ayuntamiento y que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, como respuesta al compromiso asumido con la ciudadanía, dándolos a conocer tanto públicamente como en sesión plenaria”.

Responden así a las declaraciones públicas realizadas por el portavoz municipal del PSOE, José Alberto Ruiz, en las que éste aseguraba que “la Fiscalía había archivado los dos expedientes remitidos, al no encontrar indicios de delito en una supuesta incompatibilidad en el cobro de indemnizaciones por asistencia de los anteriores gobernantes a diferentes sesiones de órganos de Gobierno”.

Tal como adelantamos hace horas en “La Voz de Icod de los Vinos” al descubrir este incidente interpretativo en la cobertura informativa del Pleno, desde la Alcaldía se aclara que “las palabras del portavoz socialista se basan en una sola de las páginas de conclusiones de la Fiscalía. En la segunda de las páginas, la que ha omitido Ruiz y que fue leída literalmente en el Pleno de anoche, se dice que no existe delito penal de malversación de caudales públicos, pero sí se advierte explícitamente de que se incurrió en una ilegalidad en el percibo de dietas por parte de los miembros de la Comisión de Delegados del anterior gobierno municipal del PSOE.

Agrega el equipo gobernante que “el grupo socialista ha dicho una verdad a medias, que es la peor de las mentiras, y sólo contribuye a la confusión, señalándose que el proceso no ha finalizado ya que se está estudiando por los servicios jurídicos del Ayuntamiento la remisión del asunto por la vía civil administrativa, y que en su momento, una vez concluya el proceso, se informará del tema en los órganos pertinentes, como plenos y comisiones informativas y, por supuesto, a la ciudadanía icodense en general”. Una vez este asunto culmine -explican- desde equipo gobernante “obviamente no se tendrá ningún inconveniente en reconocer un posible error si lo hubiere, mientras que la honorabilidad de las personas será demostrada en los juzgados”.

Antecedentes

La Alcaldía recuerda que la Comisión de Delegados, como órgano colegiado, debería haberse llevado a Pleno cada vez que se conformaba una nueva Corporación. No obstante, cuando se llevó a Pleno por primera vez, en el año 1991, se aprobó con los votos en contra de los 10 concejales que conformaban la oposición, que denunciaron expresamente, según consta en acta, que era una vía para financiar un sobresueldo a los concejales que participaban de dicha comisión.

El grupo de gobierno explica que la Comisión de Delegados, que “tendría que estar compuesta de acuerdo con la proporcionalidad del pleno y no sólo por los miembros de la junta de gobierno como órgano colegiado que era, debería haber sido aprobada en sesión plenaria y nunca por decreto de la Alcaldía, sin dar a conocer su existencia a los concejales de la oposición, como sucedió en los sucesivos mandatos. Y, además, como comisión especial, debía estar destinada a un asunto especial y extinguirse una vez concluido el asunto en cuestión”. Sin embargo, “se le dio continuidad de un mandato para otro llegando a funcionar presuntamente como una junta de gobierno paralela”.

Denuncian desde el gobierno municipal que preside Diego Afonso que “no existen actas de las mencionadas comisiones donde se especifiquen los asuntos tratados en ellas y, en caso de existir, sólo pudieron haber sido redactadas por la secretaria particular del alcalde, cargo de confianza del ex primer edil socialista, puesto que ningún otro funcionario del ayuntamiento llegó a hacerse cargo de sentarlas”. Sin embargo -añaden- en el expediente citado “constan dos informes redactados por funcionarios que reconocen que su labor era simplemente verificar la asistencia de los concejales, pero que nunca asistieron a las reuniones ni sentaron actas, mientras los concejales seguían percibiendo dietas”.

Por último, el grupo de gobierno estima que las indemnizaciones percibidas durante el pasado mandato 2003-2007 por el concepto de comisión de delegados se elevan a unos 38.000 euros y, “teniendo en cuenta que esta comisión se creó en 1991 y que en algunos mandatos contaba con más concejales en la composición de la misma, la cifra económica total pudiera llegar a ser bastante más alta”.

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