La Fiscalía no observa indicio de delito penal en el cobro de remuneraciones económicas extraordinarias del anterior grupo de gobierno del PSOE

También archiva esta instancia judicial la posible incompatibilidad en el percibo de dietas por parte de los ex ediles Jesús Rolo y Bernardo Martín

23 de febrero 2008

Dos expedientes por cobro de remuneraciones económicas de los concejales del PSOE en su etapa gobernante en Icod, que el pasado septiembre adelantaba en primicia este diario (*) fueron remitidos por el actual grupo de gobierno del Ayuntamiento (CC-PP) a la Fiscalía Anticorrupción, han sido archivados al no encontrarse por esta instancia judicial ningún indicio de delito penal.

Estos expedientes informaban a la Fiscalía de una posible incompatibilidad por el cobro de indemnizaciones por asistencia a diferentes sesiones de órganos de gobierno, entre ellas la Comisión de Delegados de Servicios del anterior equipo de gobierno socialista que presidía Juan José Dorta y una posible incompatibilidad en el percibo de dietas por parte de los ex ediles Jesús Rolo y Bernardo Martín.

José Alberto Ruiz, concejal portavoz del grupo municipal socialista, señala que “nos parece poco ético por parte de los actuales gobernantes locales, que en el mes de septiembre le hayan dando al bombo y al platillo sobre este asunto en los medios de comunicación, incluso llevando este acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la que acordaron remitir este asunto a la Fiscalía, a la sesión plenaria del mes de septiembre como una toma de conocimiento y no hayan sido capaz desde el pasado 27 de diciembre, fecha en la que tuvo entrada en el consistorio el acuerdo de la Fiscalía, de dar cuenta al pleno municipal y a la ciudadanía sobre el archivo de este asunto”.

Añade el concejal en la oposición que “hemos presentado dos mociones para la sesión plenaria de este mes de febrero para que se nos informe y exigimos una declaración del alcalde Afonso, como máximo responsable de la Corporación, reconociendo su equivocación y pidiendo perdón por dejar en entredicho la honorabilidad pública de las personas”.