19 de febrero 2008

Publicaba "La Voz de Icod de los Vinos" el pasado 22 de enero una información (*) sobre graves incumplimientos en las obras de la Finca de Boquín, según un dictamen oficial de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN). Este organismo, dependiente del Gobierno de Canarias, detectaba el pasado año sustanciales irregularidades urbanísticas en los trabajos que lleva a cabo el Cabildo de Tenerife en este espacio protegido. Un espacio donde, como es conocido, se proyecta crear por parte de la institución insular un museo agrícola en recurso turístico natural anexo al propio Parque del Drago.

Sin ningún género de dudas este futuro museo constituye un estimable proyecto de la administración presidida por Ricardo Melchior, que realzará en mucho la oferta de turismo de Icod de los Vinos. Nadie en su sano juicio puede discutir tal aspecto. Pero de ahí a que desde el propio Cabildo se realicen trabajos de acondicionamiento de la finca con irregularidades urbanísticas que, presuntamente, atentan contra la Ordenación del Territorio, va un abismo. Consagra la Constitución Española de 1978 que la Ley es igual para todos y, partiendo de la lógica presunción de inocencia, tampoco nadie en su sano juicio puede discutir o poner en duda lo evidente.

Ha sido un colectivo, la "Asociación Pro Defensa de los Acantilados de la Culata", quien en su día puso en conocimiento del propio Cabildo, de la citada APMUN y del Ayuntamiento icodense, una serie de irregularidades en las obras de Boquín. Y asimismo ha sido ese colectivo vecinal quien pone también en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial esas anomalías en los trabajos que ejecuta el Gobierno Insular. Pero nadie debe olvidar qué es la propia Fiscalía –y no la asociación "La Culata"- quien denuncia el pasado octubre al Cabildo por un presunto delito continuado contra la Ordenación del Territorio, en relación con dos artículos del Código Penal vigente.

Con tal situación, parece lógico y prudente pensar que lo que se debe es dejar trabajar a la Justicia como corresponde en un Estado de Derecho como el nuestro. Periodísticamente se puede, y se debe, mientras no exista secreto de sumario que diga lo contrario, informar sobre los acontecimientos que se vayan sucediendo acerca de este asunto. Pero lo qué no es de recibo es que se niegue lo evidente en los medios de comunicación.

Sería absurdo pensar que la Fiscalía interponga una denuncia contra el Gobierno Insular por unas "falsas infracciones". Esto es lo que, indirecta y sucintamente, ha venido a querer decir hace días en otro medio de comunicación el consejero del Cabildo, José Joaquín Bethencourt, responsable de Agricultura en esta Administración Pública. Señalaba el político insular en La Gaceta de Canarias del 29 de enero, y así nos hicimos eco también en este diario digital, (*) que "las infracciones en Boquín de las que hablan los vecinos son rotundamente falsas”, añadiendo que “el Cabildo cuando hace diez años se hizo con parcelas en la zona lo hizo, en primer lugar, para proteger la zona. Hoy, diez años después, estamos actuando conforme a un Plan Director que ha regulado las actuaciones, motivo por el que podemos demostrar que todo se ha realizado en la más estricta legalidad. En todo este tiempo han cambiado las leyes de Ordenación del Territorio y el entorno jurídico es altamente complejo. Sin embargo, el Cabildo ha creado un espacio para la divulgación de espacios agrarios de la zona. Por esta razón, entendemos que haya habido vecinos que han sabido sacar provecho del asunto, poniendo en tela de juicio las actuaciones que hemos realizado".

Lógicamente estas declaraciones han provocado la reacción y respuesta del propio colectivo de "La Culata", quienes a través de su secretario, Jesús León, han manifestado el pasado domingo -en el mismo rotativo- sentirse molestos por el hecho de que desde el Cabildo se diga que los documentos que amparan la denuncia son falsos. Para León tales afirmaciones del consejero constituyen "un abuso de poder" y añade que "nos ampara un informe de la APMUN donde se evidencian las irregularidades". Pero lo más importante, a este colectivo le ampara en su argumento de que no hay falsedad documental el contundente hecho de que es la propia fiscal jefe de la Fiscalía, Carmen Almendral, quien suscribe la denuncia ante el Juzgado de Icod de los Vinos.

Por conclusión, y por no embrollar todavía más este asunto de las obras de Boquín, desde esta editorial muy modestamente nos preguntamos si no sería más lógico -sobre todo por respeto a la acción de la Justicia- que el consejero Bethencourt guarde silencio ante los medios de comunicación y qué, en todo caso, dijera lo que tuviera que decir y demostrar del plan de actuación del Cabildo en este espacio natural donde, por Ley, haya que manifestarlo. Por ende, entendemos igualmente que desde esa asociación de "La Culata" deberían actuar de igual forma. Es decir, con menos o ningún dime y direte mediático sobre lo que diga o deje de decir el consejero en la prensa.

Y por cierto, además entre medio se detecta ahora un velado oportunismo político electoralista del grupo insular socialista en la oposición del Cabildo, traducido asimismo en notas de prensa y declaraciones apoyando el origen de la denuncia judicial. Pero nadie debe olvidar tampoco en este aspecto que, desde hace varios años, ya conocía el PSOE de primera mano y con detalle estas irregularidades. No hubo explícito y público apoyo de los socialistas del Cabildo en aquel momento a "La Culata". ¿Porqué no desde entonces y si ahora desde hace poco tiempo las declaraciones públicas y la petición de explicaciones al gobierno insular?.

En definitiva, que sea la Justicia quien en su momento de diligencias procesales determine si existe o no delito contra la Ordenación del Territorio en las obras de la Finca de Boquín. No creemos que sea oportuno y serio convertir este grave asunto en un público culebrón de telenovela con tú dices y yo digo. Que diga y hable la Justicia, y nadie mas.