Publica en rigurosa exclusiva “El Digital de Canarias” que los juzgados son los que van a tener la última palabra en este conflicto abierto entre los propietarios de la instalación del “habitat guanche” del Parque del Drago y el actual grupo de gobierno. Escribe este diario que desde que ocuparon el Ayuntamiento, y por ende Icodemsa, los actuales gobernantes se han empeñado en desalojarlos de ahí cueste lo que cueste. Y en este caso el Juzgado de primera instancia de Icod de Los Vinos ya ha admitido a trámite la demanda presentada el pasado 10 de enero en el que los propietarios de este recurso cultural y turístico piden al consistorio, especialmente a su concejal Francisco Rivero, que reconozca el contrato de servicios, que les pague las facturas que les deben y que les abone la indemnización correspondiente.

Todo comenzó en el mes de noviembre de 2005, cuando Bernardo Martín Socas, que siempre se las arregla para estar en todos los fregados y consejero delegado de Icodemsa se puso en contacto con los propietarios del Hábitat Guanche, con el objetivo de poner en marcha un parque temático al lado del Drago, sobre el hábitat y la cultura guanche. Afirman éstos en su demanda que “como consecuencia de lo anterior comenzamos a realizar una labor de acondicionamiento del barranco colindante con el Drago. Este contrato de obra y posterior arrendamiento de servicios se realizó verbalmente”.

Según reza en la demanda, todo el trabajo de acondicionamiento fue “realizado a costa de los demandantes, encargándose de la construcción de todo lo necesario para la explotación del hábitat guanche, así como la construcción de las figuras y demás elementos accesorios. Este espacio temático se inauguró en abril de 2006, correspondiendo a la empresa demandada quién había contratado con los demandados la realización de las obras necesarias para su puesta en marcha, labores que han estado realizando desde su apertura. Por todo ello, la puesta en marcha del hábitat guanche no solamente se produjo con el consentimiento y voluntad de la demandada, sino que, además, una vez puesto en marcha, se publicitó y usó de forma pública y notoria por la demandada y por las administraciones públicas como un parque temático dedicado a la atracción turística del municipio. A raíz de la inauguración, uno de los demandantes recibía todos los meses 1.500 euros que les abonaba Icodemsa en concepto de alquiler de las figuras de los guanches, si bien continuaban realizando los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento del hábitat, los cuales nunca fueron abonados. Dicho pago se realiza tras la presentación de factura en la que se carga el correspondiente impuesto (IGIC) por el servicio. Cabe destacar que la factura sellada por la empresa pública el 27 de noviembre de 2007 no ha sido abonada al día de hoy. Las facturas que se abonaban se pagaban con un talón bancario por la parte demandada”, es decir, Icodemsa.
Los demandados intentaron en varias ocasiones que “el contrato verbal que les ha amparado hasta ahora a estar desempeñando sus servicios en el denominado Hábitat Guanche se plasmase por escrito, como también a mejorar muchas deficiencias del parque”.

En la información de los compañeros de “El Digital de Canarias” publican que el actual grupo de gobierno quiere echar a esta empresa del Parque del Drago, y aunque a Francisco Rivero le pongan líricos los guanches, a Isabel García -la otra socia del pacto- no le dicen nada y prefiere antes un paseo sacro que esta pagana reconstrucción aborigen. Por eso “como represalia a las legítimas expectativas para legalizar su situación, el pasado día 24 de octubre, uno de los gestores de Icodemsa les comunicó que el Hábitat Guanche iba a ser cerrado debiendo por tanto retirar todas las figuras. A dicho comunicado se le respondió con un burofax en el que se rechazaba esta actuación.

Añaden que desde Icodemsa sin embargo se insistió en echarlos unilateralmente del parque, comunicándoles nuevamente que debían desalojarlo el 14 de noviembre. Además Icodemsa emplea medidas de presión como el corte del agua y luz con el claro objeto de resolver el contrato de obra y arrendamiento de servicios de forma unilateral”.

Los demandantes adjuntaron a la demanda las denuncias presentadas ante la Guardia Civil, que siguen su vía penal y son una prueba más de la “conducta arbitraria de la demandada para lograr el propósito de echar a los demandantes por la vía de hecho. Como consecuencia de la conducta arbitraria y unilateral de la demandada de cortar agua y luz se ha producido un deterioro ostensible e irreversible del denominado Hábitat Guanche. Tal degradación se puede apreciar en varias cartas enviadas por diversos touroperadores. Tan grande ha llegado a ser el deterioro del espacio temático guanche debido a los cortes de agua y luz que han aparecido ratas, se han estancado las aguas y fruto de ello se han deteriorado las figuras de los guanches en particular y toda la labor de acondicionamiento del parque en general”.

Los demandantes realizaron un informe pericial sobre esta instalación y valoraron los gastos a lo largo de dos años en 204.272,27 euros. Por eso piden al Juzgado que declare “la existencia de un contrato de arrendamiento de servicios y/o de obra entre las partes, se condene a Icodemsa en virtud de ese contrato a indemnizarlos en la cantidad de servicios no pagados, daños y perjuicios ocasionados por su decisión unilateral de rescindir el contrato. Se condene igualmente al abono de la factura no abonada correspondiente al alquiler de las figuras y se condene en costas a Icodemsa”.