En un escrito enviado hace días al Cabildo bajo registro de entrada, los representantes de la ‘Asociación Pro Defensa de los Acantilados de La Culata’ le manifiestan su descontento y molestia al consejero insular José Joaquín Bethencourt, que, a criterio de esta asociación, “miente en los medios de comunicación con una facilidad increíble” respecto al caso judicial que se investiga por las obras en la Finca de Boquín tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía.

Desde “La Culata” ven con sorpresa y preocupación el proceder del Cabildo en este asunto y se lamentan del futuro que “nos espera a los tinerfeños con actitudes como la del consejero”, al que atribuyen "abuso de poder". Aseveran que al intentar minimizar el alcance de las irregularidades urbanísticas cometidas en este espacio natural por el Cabildo, Bethencourt "pone bajo sospecha y en entredicho a la propia Fiscalía, al Ayuntamiento de Icod y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Ejecutivo regional”, organismos éstos que han detectado serias anomalías en los trabajos de adecuación de la finca para convertirla en un museo agrícola. Dándose incluso el caso de que la citada agencia gubernamental reveló asimismo un grave incumplimiento en el plan de actuación de las obras en cuanto a su estudio de impacto ecológico.

Interpretaciones legislativas

Ante esta actitud de José Joaquín Bethencourt cuando días atrás manifestaba en la prensa que en Boquín “puede existir algún tipo de irregularidad administrativa, aunque siempre en el marco de la complejidad de las interpretaciones sobre la normativa de protección del territorio”, se preguntan desde el colectivo “La Culata” si se habrán equivocado el Ayuntamiento icodense y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural al informar oficialmente en su día de irregularidades en el mencionado plan de actuación en la finca?, y si también se habrá equivocado hasta la propia fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Carmen Almendral, al presentar la denuncia contra el Cabildo por un presunto delito continuado contra la Ordenación del Territorio en su modalidad del artículo 319-1 y en relación con el artículo 338 del Código Penal vigente?"

Por todo ello, en el escrito la asociación vuelve a pedir públicamente la dimisión del consejero de Agricultura del Cabildo -la primera vez fue en octubre pasado- aclarando este colectivo ecologista que “nunca han mantenido hacia el político insular una actitud de hostilidad, sino de mayúscula sorpresa al ver como éste intenta manipular la realidad de los acontecimientos”.

Notorio incumplimiento

Según un informe oficial del mencionado organismo de protección del medio urbano y natural dependiente del Gobierno canario -que pueden los lectores de La Voz de Icod de los Vinos descargarse haciendo clic- las obras ejecutadas por el Cabildo en la Finca de Boquín incumplen gravemente las leyes de Ordenación de Espacios Naturales de Canarias. Recuerdan en tal sentido desde el colectivo que preside Eliseo Rodríguez que, al margen de otras posibles consecuencias judiciales, en “las obras sin autorización, licencia u orden de ejecución en espacios naturales protegidos se sancionará con multas de entre el 100% y el 200% del valor del suelo afectado y con multas de entre 600 y 60.000 euros”.