05 de diciembre 2007

Según ha podido conocer este diario digital, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Icod ha admitido a trámite una ampliación de la denuncia inicial de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, contra el ex alcalde icodense Juan José Dorta y siete concejales de su otrora junta local de gobierno socialista en el consistorio de esta ciudad.

Al parecer directamente presentada en esta ocasión por parte de la acusación particular, la denuncia que ahora se une a las diligencias del procedimiento 736/2007 se refiere también a un presunto delito continuado de prevaricación por pagos y subvenciones irregulares, contratación de personal municipal de forma anómala y realización de publicidad institucional del ayuntamiento prohibida por Ley, entre otros hechos.

El ex alcalde tendrá que declarar por segunda vez

Fuentes dignas de crédito recabadas por La Voz de Icod de los Vinos han señalado qué el ahora concejal del PSOE en la oposición y primer mandatario durante los últimos dieciséis años, ha sido citado nuevamente a declarar como imputado ante la jueza Carmen María Rodríguez. Además del propio Juan José Dorta, también han sido de nuevo llamados a prestar declaración en segunda ronda los ex tenientes de alcalde Maximino Fuentes, Ramón Socas y José Alberto Ruiz. A éstos y tal como ya informó este diario hace días, se une la primera citación declaratoria entre finales de febrero y principios de marzo próximo, también en calidad de imputados, para Ana María Pérez, Bernardo Martín, Jesús Rolo y Luciano López, los otros cuatro políticos socialistas de la junta gobernante presidida por el ex alcalde Dorta.

Nuevas citaciones

Supuestamente en calidad de testigos en principio -extremo éste sin poder confirmar- tendrán que prestar declaración también en el Juzgado la ex concejala Carmen Casilda Hernández, el funcionario del ayuntamiento Juan Jesús Martín, actualmente secretario general accidental, y el empresario Faustino Hernández (Élite Automóviles). Aún cuando este diario de momento no alcanza a precisar las fechas de estas nuevas citaciones, lo que si se puede concretar y como se recordará es que para este mes de diciembre se personará ante la jueza el arquitecto redactor del Plan General de Urbanismo de Icod (PGO), Fernando Puelles y, probablemente asimismo este mes, el o los representantes legales de la empresa Carsan Canarias.

En estos días han prestado ya declaración como testigos los técnicos municipales Candelaria Amaro, Carmen Nery Cordobés, Fernando Alonso, Víctor Chico, Juan Antonio Alonso, Concepción Garrido, Isabel Galindo, Virginia García, Abelardo Robles y Ruymán Lorenzo. Tan solo faltan por comparecer en el Juzgado –lo harán el próximo día 12- los técnicos Juan José Acosta y Justo Caridad, este último una de las dos personas qué en su día puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos que ahora se investigan judicialmente.

Ardua investigación judicial

Hasta la mencionada ampliación de la denuncia admitida en estos días a trámite por la jueza Carmen María Rodríguez con nuevos hechos presuntamente delictivos, han sido hasta ahora cerca de cuarenta los casos que se investigan en conexión a más de una docena de empresas y a cerca de quince personas particulares. En relación directa a este número de hechos y vínculos empresariales y personales, se viene especificando concisamente desde finales del pasado 2006 la investigación de la Fiscalía en torno a un conjunto diferenciado en grupos de resoluciones y disposiciones administrativas, adoptadas éstas bien por decretos de Alcaldía o por acuerdos de la Junta de Gobierno.

Por poder resultar para la Fiscalía constitutivo estos hechos de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, prevista y penado en el artículo 319, 320, en relación con el artículo 74 del Código Penal, y otro delito continuado de prevaricación del artículo 404 en relación también con el citado artículo 74 de la legislación punible, las resoluciones y disposiciones administrativas que se indagan se refieren a concesiones de licencias de obra mayor, licencias de primera ocupación y utilización, cédulas de habitabilidad, aprobación de proyectos de urbanización, adjudicación de proyectos de obra y aprobación de abono de facturas.

Se desprende de la investigación judicial el hecho de que en todos los casos constaban para estas disposiciones informes desfavorables. En algunas de las resoluciones estos dictámenes técnicos adversos provenían de la Secretaria General del Ayuntamiento, y en otros bien de la Oficina Técnica Municipal o de la Intervención de Fondos, en muchos de los casos incluso con advertencia expresa de ilegalidad.