12 de noviembre 2007

A través de un sistema de contratación que no se ajusta a las normas legales, más de 700 mil euros, cerca de 120 millones de las antiguas pesetas, fueron abonados por el anterior gobierno municipal socialista de Icod de los Vinos a un total de seis empresas por obras y servicios.

Ocurridos los hechos entre el otoño de 2005 y la primavera de este año 2007, éstos lo conforman más de veinte expedientes abiertos en el ayuntamiento icodense para la aprobación de proyectos de obras y contratación de empresas que, tras su investigación y como ya es suficientemente conocido, la Fiscalía denunció ante el Juzgado por un presunto delito continuado de prevaricación contra los miembros de la Junta de Gobierno, que presidía el entonces alcalde Juan José Dorta.

A la irregular compra de la que ya informó esta revista hace días de un camión Mercedes Benz de segunda mano por 54 mil euros a la empresa Carsan Canarias, se une en las diligencias del procedimiento judicial 736/2007 la investigación de estos más de 700 mil euros abonados en menos de un año y medio, por implicar una vulneración de la legislación referente a la Ley de Contratación de la Administración Pública, al omitirse las normas que regulan este tipo de procedimientos a través de un sistemático fraccionamiento de contratos.

En todos los casos los expedientes fueron informados desfavorablemente por la intervención de fondos del Ayuntamiento en sus dictámenes de fiscalización. Aún así, los pagos se llevaron a cabo tras debate y votación unánime favorable de los miembros de la Junta de Gobierno, produciéndose siempre a continuación decreto del alcalde por el que se aprobaba la factura que correspondiera y se le abonaba la misma a la empresa de turno en cada caso.

Una sola empresa cobró unos 365 mil euros en cerca de 15 facturas

Las seis entidades mercantiles que cobraron de las arcas públicas municipales a través de este sistema de contratación no ajustado a normas legales que ahora se investiga, fueron Construcciones Cirilo Icod, Construcciones Fabilur, Expo Icod, Sonimar, Astepa de Asfalto e Invamayer.

En el caso de Construcciones Cirilo Icod el Ayuntamiento le abonó algo más de 365 mil euros a través de cerca de quince facturas. Se correspondían el objeto de las mismas a la ampliación y mejoras en el polideportivo de La Florida -aún cuando esta obra en principio estaba proyectada para una escuela taller- así como por reparación de daños en este espacio deportivo tras la tormenta tropical “Delta” y obras en el camino de Los Lagares y en calles de la Hoya Ana Díaz.

A la empresa Construcciones Fabilur le fueron abonados unos 154 mil euros por acondicionamiento y mejoras en las calles Araucaria y El Sol, además de ensanches o acondicionamientos de los caminos de La Ladera y La Marquesa. Algo más de 80 mil euros cobró Expo Icod por el pintado del acceso a la playa de San Marcos y por el del campo de fútbol, así como por obras de ensanche del camino La Vera.

Asimismo se le abonó a la empresa Sonimar cerca de 23 mil euros por el sonido e iluminación del Carnaval de 2006. Astepa de Asfalto cobró unos 40 mil euros por el asfaltado de la calle Betancurt y Castro y los caminos de Cabeza de Negro y Hoya Garcés. Por último, fueron algo más de 39 mil euros los que se le pagaron a la empresa Invamayer por el alumbrado público del camino Doña Juana.

Expedientes tramitados a posteriori

Como producto de la investigación de la Fiscalía, se detectó que en todos los casos se ignora cual fue el sistema de selección de las empresas que ejecutaron los trabajos, no constando proyectos de obra presupuestados por la Oficina Técnica Municipal ni contratos previos en su caso. Además, la tramitación de las facturas se realizaba una vez que se concluían los trabajos, por lo que en todos los casos los expedientes se tramitaron después de ejecutada la obra o realizado el servicio en cuestión.

Se daba así pues la circunstancia de que el trámite administrativo se realizaba como si de contratos o servicios menores se tratara, trámites éstos que solo exigen la aprobación del gasto e incorporación de la factura. Pero muchos de los expedientes tenían por objeto una misma obra, cuya realización aún siendo adjudicada a una misma empresa se fraccionaba en distintas facturas. De esta forma, cada uno de los contratos tenía consignaciones económicas independientes y, para no exceder del límite legal previsto, los gobernantes del ayuntamiento icodense los dividían en diversos contratos aún a sabiendas de que se trataba del mismo objeto de obra o servicio.

La mayoría de los decretos que tras los informes técnicos desfavorables se firmaron para aprobar facturas a estas citadas empresas, fueron dictados por el alcalde Dorta, varios por Maximino Fuentes y uno por Ramón Socas, en calidad de alcalde accidental estos ediles en las fechas de firma. Asimismo, en más de la mitad de los casos las propuestas de aprobación de facturas a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento fue realizada por el mencionado concejal Socas y, en un par de ocasiones, por el edil José Alberto Ruiz. En cerca de los diez expedientes de pago restantes ni tan siquiera constaba propuesta de ningún concejal ni acta de la Junta de Gobierno. Tan solo figuraban en éstos los informes desfavorables de la funcionaria interventora de fondos y el posterior decreto alcaldicio de aprobación y orden de pago de las facturas.