01 de noviembre 2007

Anuncian desde la “Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Ycod” (ADPHY) y la “Coordinadora Prodefensa de los Dragos y Furnias de Ycod", que acudirán a los Tribunales de Justicia para denunciar una actuación presuntamente delictiva tanto por parte del dueño del Mariposario, José Antonio Plaza, como del Ayuntamiento de la ciudad en relación a la construcción de la citada edificación.

En un comunicado recibido de ambos colectivos en esta redacción, señalan que se ven obligados a acudir a los Tribunales competentes para que se depuren las responsabilidades que hubiere lugar por parte de los responsables de una serie de acciones que, en relación a este Mariposario, “han sido realizadas en fraude de ley” a juicio de estos dos colectivos icodenses.

Por entender ADPHY y la Coordinadora que la realidad de la situación del Mariposario es bien distinta a la que publicaba hace días esta revista, haciéndonos eco de una primicia de “El Digital de Canarias” donde se anunció que el Juzgado admite a trámite una querella del propietario del Mariposario contra el ex alcalde Dorta y la jefa de urbanismo del Ayuntamiento, representantes de estas dos entidades han manifestado a LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS que la construcción del mencionado espacio botánico “es totalmente ilegal” por una amplia relación de consideraciones que argumentan ambas asociaciones.

Desde hace doce años

En el mencionado escrito remitido a esta revista, desde ADPHY y la Coordinadora señalan que “el proyecto de edificación que presentó Plaza al ayuntamiento en 1995 fue condicionado en su autorización a que se ajustase al entonces nuevo planeamiento municipal que se pensaba aprobar en 1996. Autorización que también tenía que ser preceptiva a las directrices de Patrimonio del Cabildo, porque la zona de edificación propuesta en ese momento -y ahora- es un espacio urbano protegido por la Ley de Patrimonio: Casco histórico dela ciudad, límites de monumento histórico (Iglesia de San Marcos) y entorno de BIC por la cercanía del edificio con el milenario Drago”.

Afirman que “una vez iniciada la obra con los condicionantes expuestos, el propio arquitecto de la misma denunció al propietario porque la construcción que iba comenzando no se ajustaba al contenido del proyecto, por cuanto que la edificación se había ampliado e invadía zona peatonal prevista entre dos calles por la trasera del mismo Mariposario y porque, según alegó en su día el arquitecto redactor, se modificaba en la realidad de la construcción la estructura externa inicial, que preveía sobre planos una edificación de estilo canario”. Aseveran desde estos colectivos que, “por escrito, el propio José Antonio Plaza se hizo entonces responsable de las variantes que se producían y continuó la construcción del Mariposario con otro arquitecto”.

De ahí en adelante y hasta la actualidad, largo y polémico recorrido ha tenido y tiene este asunto. Desde ADPHY y la Coordinadora explican que “habida cuenta de que las variantes irregulares introducidas en la obra nunca fueron corregidas, se suceden desde el área de Patrimonio del Cabildo y desde el ayuntamiento una serie de informes, resoluciones y disposiciones oficiales, sanciones urbanísticas, etcétera, que conllevan, resumiendo, a denegársele a Plaza la licencia de ampliación y legalización de obras así como también, y por consecuencia, la negación de la licencia de primera ocupación”. Señalan por tanto los representantes de estas entidades denunciantes que “aunque el Mariposario abrió en su momento al público, nunca ha contado con licencia de apertura”. Argumentan tal razón en el sentido de que “la apertura era inviable le fuera concedida por el ayuntamiento porque la edificación no contaba con la autorización de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico”.

Se producen en 2003 y 2004 -apuntan- “sentencias judiciales firmes de la jurisdicción contencioso administrativa con referencia expresa del precinto del Mariposario y demolición del inmueble que, según las citadas sentencias, es una obra ilegal e ilegalizable al invadir el peatonal que está proyectado en su parte trasera”. En todo esto y desde entonces, afirman que José Antonio Plaza “ha interpuesto múltiples incidentes en la vía judicial y todos y cada uno de ellos los ha perdido”. Señalan desde ADPHY y la Coordinadora que “incluso Plaza fue condenado penalmente el pasado 2006 por el Juzgado Número 2 de Icod, debido a su desobediencia a las órdenes judiciales y a las innumerables rupturas del precinto llevado a cabo”.

Explican asimismo que el dueño del Mariposario “interpuso este año 2007 un recurso ante el Tribunal Supremo, pidiendo que se dejaran sin efecto las sentencias que prescribían el precinto y demolición, dando trámite este Tribunal a la petición. Por consecuencia de ello, finalmente se decidió mantener el precinto del negocio y se accedió en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo a suspender la ejecución de demolición de la edificación, pero bajo caución, es decir, bajo un depósito de garantía judicial” que según expresan desde estos colectivos “José Antonio Plaza no hizo efectivo”. Así pues y de esta forma, para ADPHY y la Coordinadora “es evidente que continua con efecto legal y prescriptivo el precinto y demolición de la construcción de este espacio”.

Dilación del ayuntamiento

Tienen igualmente muy claro estas dos asociaciones que hasta la fecha “el ayuntamiento de Icod de los Vinos no ha ejecutado en sus propios términos las sentencias que, literalmente en términos judiciales, “obligan a la restauración del orden vulnerado y a la realidad física alterada mediante la demolición del Mariposario”. Dicen que “el ayuntamiento esta teniendo una apreciable dilación a la hora de ejecutar las resoluciones judiciales”, recordando los representantes de ADPHY y la Coordinadora que “el consistorio icodense está obligado a hacer efectivas estos mandamientos de la Justicia, según se recoge en una providencia de noviembre de 2003”.

Señalan asimismo que “las actuaciones de presumible acoso que -según afirman- el propietario de este negocio viene llevando a cabo a determinados técnicos y representantes municipales, con la intención de consolidar una edificación cuya imposibilidad de legalización ha quedado acreditada judicialmente, podrían obedecer incluso a esta demora del ayuntamiento en ejecutar las sentencias”. A los miembros de ADPHY incluso les consta que “la Concejalía de Urbanismo que coordina Francisco González pretendió que esta asociación para la defensa del patrimonio accediera y diera su visto bueno a las negociaciones que, al parecer en término de convenio, se promovieron entre el ayuntamiento que preside Diego Afonso y el propietario del Mariposario”.