31 de octubre 2007

La jueza titular del Número 2 de Icod, Carmen María Rodríguez, cita a declarar también en calidad de imputados a Ana María Pérez (22 de febrero), Bernardo Martín (26 de febrero), Jesús Rolo (6 de marzo) y Luciano López (10 de marzo), los otros cuatro miembros de la Junta de Gobierno del ayuntamiento icodense que presidía Juan José Dorta.

A los efectos previstos en el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según ha podido conocer esta revista la Fiscalía de la Audiencia Provincial amplía asimismo la conocida denuncia por dos presuntos delitos continuados de prevaricación a estos mencionados políticos socialistas. Se confirma y completa así pues la imputación judicial a la totalidad de los componentes de la Junta de Gobierno del anterior mandato municipal en esta ciudad, tras prestar como es conocido ya ante la jueza y la fiscal Violán una primera declaración el ex alcalde Dorta, así como los entonces tenientes de alcalde Fuentes, Ruiz y Socas.

Se unen ahora estas citaciones de los cuatro políticos mencionados a las comparecencias ya publicadas en su día que, como testigos, tendrán que hacer este próximo noviembre distintos arquitectos, aparejadores, interventores, secretario, técnicos de la Sección de Contratación y otros funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento, que emitieron informes previos a los acuerdos adoptados en las juntas de gobierno o decretos de Alcaldía en relación a los hechos investigados y denunciados. Recordemos que estos son Juan José Acosta, Candelaria Amaro, Justo Caridad, Carmen Nery Cordobés, Fernando Alonso, Víctor Chico, Juan Antonio Alonso, Concepción Garrido, Isabel Galindo, Virginia García, Abelardo Robles y Ruymán Lorenzo. A ellos se une asimismo para diciembre la citación a declarar recibida por parte del arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGO) de la ciudad, Fernando Puelles y, en principio que esta revista conozca hasta la fecha, también la de los representantes legales de la empresa Carsan Canarias SL.

Los hechos

Tal como en su día informábamos, los hechos denunciados son cerca de cuarenta casos supuestamente delictivos que se investigan en conexión a más de una docena de empresas y a cerca de quince personas particulares. En relación directa a este número de hechos y vínculos empresariales y personales, se viene especificando concisamente desde finales del pasado 2006 la investigación de la Fiscalía en torno a un conjunto diferenciado en grupos de resoluciones y disposiciones administrativas, adoptadas éstas bien por decretos de Alcaldía o por acuerdos de la Junta de Gobierno. Las resoluciones y disposiciones administrativas que se indagan se refieren a concesiones de licencias de obra mayor, licencias de primera ocupación y utilización, cédulas de habitabilidad, aprobación de proyectos de urbanización, adjudicación de proyectos de obra y aprobación de abono de facturas.

Se desprende igualmente de la investigación judicial el hecho de que en todos los casos constaban informes desfavorables para estas disposiciones. En algunas de las resoluciones estos dictámenes técnicos adversos provenían de la Secretaria General del Ayuntamiento, y en otros bien de la Oficina Técnica Municipal o de la Intervención de Fondos, en muchos de los casos incluso con advertencia expresa de ilegalidad.