El arquitecto redactor del PGO de Icod citado a declarar ante la jueza el próximo diciembre

Los hechos denunciados por la Fiscalía contra el ex alcalde y su grupo de gobierno son cerca de cuarenta casos supuestamente delictivos, que se investigan en conexión a más de una docena de empresas y a cerca de quince personas particulares

06 de octubre 2007

En calidad de testigo y por la denuncia de la Fiscalía Provincial contra el ex alcalde icodense socialista y los miembros de su junta de gobierno por presunta prevaricación continuada, esta redacción ha podido saber que, a raíz de la declaración como imputado del propio Juan José Dorta, el arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGO) de la ciudad, Fernando Puelles, será con toda probabilidad citado a declarar en diciembre por la jueza titular del Número 2 de Icod, Carmen María Rodríguez .

Así pues, se une ahora ésta a las ya conocidas citaciones de declaración judicial que, como testigos, han recibido para noviembre distintos arquitectos, aparejadores, interventores, secretario, técnicos de la Sección de Contratación y otros funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento que emitieron informes previos a los acuerdos adoptados en las juntas de gobierno, o decretos de Alcaldía en relación a los hechos investigados y denunciados. Estos son: Juan José Acosta, Candelaria Amaro, Justo Caridad, Carmen Nery Cordobés, Fernando Alonso, Víctor Chico, Juan Antonio Alonso, Concepción Garrido, Isabel Galindo, Virginia García, Abelardo Robles y Ruymán Lorenzo.

En la justa dimensión

Desde un círculo cercano al último gobierno municipal del PSOE, así como también desde fuentes próximas a esta formación política en Icod, se ha insistido en el rotativo de mayor tirada de la provincia de que “las supuestas irregularidades, de haberse producido, son veniales y menores en comparativa con otros sonados casos en la Isla”, al tiempo que se critica desde estas fuentes el que en algunos medios “se ha sobredimensionado este caso” de Icod. Para ofrecer en la justa dimensión al lector de esta revista digital una información objetiva al respecto, publicamos en número y resumen el volumen y proporción justo y ecuánime del alcance de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial ante el Juzgado icodense, a los efectos que prevé el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra Juan José Dorta, Maximino Fuentes, José Alberto Ruiz y Ramón José Socas.

Cerca de cuarenta hechos supuestamente delictivos

Cometidos entre noviembre de 2005 y marzo de este año 2007, y no entre toda la legislatura pasada, los hechos denunciados son cerca de cuarenta casos supuestamente delictivos que se investigan en conexión a más de una docena de empresas y a cerca de quince personas particulares. En relación directa a este número de hechos y vínculos empresariales y personales, se viene especificando concisamente desde finales del pasado 2006 la investigación de la Fiscalía en torno a un conjunto diferenciado en grupos de resoluciones y disposiciones administrativas, adoptadas éstas bien por decretos de Alcaldía o por acuerdos de la Junta de Gobierno.

Por poder resultar para la Fiscalía constitutivo estos hechos de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, prevista y penado en el artículo 319, 320, en relación con el artículo 74 del Código Penal, y otro delito continuado de prevaricación del artículo 404 en relación también con el citado artículo 74 de la legislación punible, las resoluciones y disposiciones administrativas que se indagan se refieren a concesiones de licencias de obra mayor, licencias de primera ocupación y utilización, cédulas de habitabilidad, aprobación de proyectos de urbanización, adjudicación de proyectos de obra y aprobación de abono de facturas.

Se desprende de la investigación judicial el hecho de que en todos los casos constaban para estas disposiciones informes desfavorables. En algunas de las resoluciones estos dictámenes técnicos adversos provenían de la Secretaria General del Ayuntamiento, y en otros bien de la Oficina Técnica Municipal o de la Intervención de Fondos, en muchos de los casos incluso con advertencia expresa de ilegalidad.