Blanco (PSOE): "Los sospechosos que abandonen sus cargos"
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, anunciaba en octubre de 2006 en el diario "El País" el compromiso de expulsar a cualquier cargo público o militante sobre el que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares", en el ejercicio de su cargo
06 de septiembre 2007
En paralelismo informativo a colación de los acontecimientos surgidos en Icod de los Vinos en los últimos días, bueno será recordar que el PSOE presentó en octubre del pasado año 2006 un decálogo de medidas contra el "desarrollo urbanístico salvaje" y la “especulación urbanística”. Incluía ésta el compromiso del partido de expulsar de sus filas a todo cargo público o militante sobre el que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" en el desarrollo de sus reponsabilidades políticas.
El secretario de Organización de la Federal del PSOE, José Blanco, anunciaba entonces en el diario nacional "El País" el compromiso de expulsar a cualquier cargo público o militante sobre el que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares", en el ejercicio de su cargo.
"A todos los cargos públicos sobre cuya conducta existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de su función, les exigiremos inmediatamente que abandonen su cargo", aseguró hace unos nueves meses el citado político socialista, que presentaba la iniciativa al término de una Ejecutiva de su partido. De la misma forma, "todos los militantes, con cargo público o sin él, sobre los que recaigan esos mismos indicios o sospechas, serán separados del PSOE", añadió. Además, "ninguna persona sobre la que recaigan indicios racionales de estar implicado en delitos relacionados con el urbanismo formará parte de nuestras listas electorales". "No vamos a presentar ante los ciudadanos a nadie cuya conducta pública plantee alguna duda", sentenciaba. Blanco garantizaba que el PSOE mantendrá este compromiso "en todo caso y en todos los casos", y ha instado a todas las demás fuerzas políticas, "muy especialmente el PP", a que tomen el mismo camino.
José Blanco anunciaba en aquellas fechas que propondría al PP un pacto de “tolerancia cero” con los implicados en los casos de corrupción urbanística que salpican a los dos principales partidos. El líder del PP, Mariano Rajoy, rechazó este pacto y se remitió a la justicia como medio para luchar contra esta lacra. Vista la reacción, el PSOE no se dirigía posteriormente al PP para pedirle un pacto, sino que confíaba en que las medidas presentadas fueran asumidas por todos los partidos.
El decálogo, titulado Por una nueva política urbanística y del territorio, recogía otras medidas para garantizar la transparencia, el crecimiento ordenado y la lucha contra la especulación y las recalificaciones. El objetivo último era, según el PSOE, recuperar la función social de la vivienda y preservar el patrimonio natural.
Dicho espíritu, recordaba el partido del Gobierno, está recogido en la nueva Ley del Suelo que tiene que discutir el Congreso, que incluye el compromiso de reservar al menos el 25% del suelo residencial para vivienda protegida, al tiempo que hace una apuesta decidida por el mercado de alquiler como alternativa a la compra de vivienda. En paralelo al impulso legislativo, los socialistas se comprometen a "perseguir las reclasificaciones indiscriminadas" de terreno, garantizando la transparencia informativa y cumpliendo "escrupulosamente" la legalidad.
El número dos del PSOE recordaba la obligación de todas las administraciones públicas de velar por los derechos de los ciudadanos, y consideraba por ello "imposible de comprender" casos como el de la Comunidad de Madrid, donde la política de urbanismo recaía en Enrique Porto (obligado a dimitir de su cargo de director general de Urbanismo después de que "El País" revelara la venta fraudulenta de unos terrenos de su propiedad), "salpicado por actividades urbanísticas dudosas".
Blanco aprovechaba su comparecencia asimismo el 23 de octubre del pasado año para intentar marcar distancias con los casos de corrupción que también salpican a cargos locales de su partido en la Comunidad de Madrid: "Con este Gobierno se ha acabado la impunidad urbanística", proclamaba Blanco, que reiteraba el compromiso de los socialistas en el combate contra el "descontrol" y contra cualquier mal comportamiento, "se produzca donde se produzca".
Saquen los lectores de esta revista sus conclusiones.