La Fiscalía denuncia al ex alcalde icodense Juan José Dorta y a los siete concejales que formaban su Junta de Gobierno
La acusación ha sido ya remitida al Juzgado de Icod y se sustenta en dos presuntos delitos continuados de prevaricación
30 de agosto 2007
22,35 horas
Por dos presuntos delitos continuados de prevaricación, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia contra el anterior alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta Alvarez (PSC-PSOE), así como contra los tenientes de alcalde que conformaron las juntas de gobierno del ayuntamiento en donde se adoptaron distintos acuerdos que, según los correspondientes artículos del Código Penal y de llegar a sentencia firme, podrían llevar penas de prisión de hasta dos años e inhabilitación para empleo y cargo público por tiempo de hasta diez años.
Según ha podido conocer documentalmente esta revista digital, la denuncia de la Fiscalía se sustenta en irregularidades administrativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de esta ciudad en anteriores legislaturas. Genéricamente los hechos ahora denunciados, puestos en su día en conocimiento de la Justicia por ciudadanos ajenos a la vida política, se refieren a la adopción de acuerdos de concesión de licencias municipales de obras o aprobación de proyectos de ejecución y contratación o dictado de decretos, así como también la adjudicación de obras municipales a empresas de forma irregular y sin el oportuno trámite legal.
En un importante número de expedientes que han conformado el objeto de la investigación de la Fiscalía, en términos judiciales los hechos denunciados se refieren más concretamente a un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, así como otro delito continuado de prevaricación. Tipificándose éstos en el Código Penal en previsión y pena en los artículos 319, 320 y 404, en relación en los tres apartados también con el artículo 74 por el carácter continuado de las acciones, desde la Fiscalía se ha remitido la denuncia desde el pasado mes de julio al Juzgado de Instrucción de Icod de los Vinos para que se lleven a cabo la práctica de las diligencias que se interesan.
Además del propio ya mencionado ex alcalde socialista de Icod, Juan José Dorta, como presidente que fue de la Junta de Gobierno Local en las fechas en que ocurrieron los hechos, al formularse la denuncia contra aquellos políticos que conformaban este órgano municipal, el caso afecta asimismo a los entonces tenientes de alcalde Maximino Fuentes, Ramón Socas, Bernardo Martín, Ana María Pérez, Jesús Manuel Rolo, Luciano López y José Alberto Ruiz.
Tranquilidad de conciencia
Fuentes informativas de toda solvencia han señalado que el anterior mandatario icodense dice tener conocimiento de la denuncia presentada contra él y su otrora junta de gobierno, añadiendo que “tiene la conciencia tranquila y que ha presentado toda la documentación hasta ahora requerida y que deja el asunto en manos de los jueces”. Según esta información, Juan José Dorta indica que “no es la primera vez que ha sido llamado a declarar ante la Justicia por otras cuestiones de ámbito local y que es un hecho normal”. El ex alcalde icodense subrayó estar a la espera de conocer los términos de la denuncia de la Fiscalía. “Yo no puedo -dijo- hacer apreciaciones, en todo caso, corresponderá al juez”.
A la vista de los acontecimientos resulta muy probable que en las próximas fechas se comience desde el Juzgado icodense a citar a estos políticos municipales denunciados para prestar declaración en calidad -presumiblemente- de imputados. Según las fuentes informativas manejadas por “La Voz de Icod de los Vinos”, pudiera asimismo darse el caso de que sean llamados también a declarar diversos técnicos y técnicas del ayuntamiento de este municipio.
Por su parte y según las mismas fuentes informativas, el actual alcalde de la ciudad, Diego Afonso, manifestó que “al actual equipo de gobierno surgido del pacto entre CC y PP nos ha elegido el pueblo para desarrollar un proyecto político y en eso, desde el primer día nos hemos implicado. Sin embargo, todo aquello que pueda ser constitutivo o no de algún tipo de delito, no nos corresponde a nosotros dictaminar, sino a los órganos judiciales competentes”.
Afonso precisó que “tenemos constancia de que años atrás se presentaron denuncias, la Fiscalía nos ha pedido documentación durante las últimas semanas, desde que tomamos posesión, y que se la hemos remitido directamente”. Subrayó el primer edil icodense que “ante una situación de esta índole hay que ser extremadamente prudente y cuidadoso”. Si la Fiscalía -dijo- “nos pide un documento, se lo entregamos, pero no entramos ni salimos en el fondo de la cuestión, ni emitimos precipitados juicios de valor”.
Aún así, esta revista ha podido saber que, al parecer, desde el actual grupo gobernante se ha detectado en el seno del consistorio un asunto tramitado por el anterior equipo de gobierno socialista que, por la presunta gravedad del mismo, se ha decidido poner también en conocimiento de la Fiscalía para su investigación.