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| Víctor Valerio Hernández, licenciado en Geografía. Alumno de postgrado en Ordenación y Gestión del Territorio |
Hacia una gestión racional del territorio como recurso
Vivimos en una época marcada por la escalada de los precios, derivada principalmente del aumento del precio del petróleo y nuestra desmesurada dependencia de este preciado recurso. Como sabrá cualquier hijo de vecino, el comúnmente denominado “oro negro” es un recurso natural no renovable y echando mano de la enciclopedia encontramos que: “los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo”. Entonces ¿podríamos considerar al territorio como un recurso natural no renovable? La respuesta es clara, sí. Aludiendo a su significado la cuestión no deja lugar a dudas, ni podemos producir, (cultivar ni hablemos), ni regenerar o reutilizar el territorio a la escala que lo consumimos, intensificándose esta disparidad en un territorio tan limitado como el de nuestras Islas Canarias.
La tendencia actual nos invita a pensar que el impacto que estamos ejerciendo sobre el entorno se acerca al umbral del no retorno, habiéndose en muchos casos sobrepasado esa línea que diferencia lo sostenible de lo irreversible. Esto se lo debemos a políticos y políticas de dudosa moralidad y escasa viabilidad ambiental respectivamente, que “escupen” sobre principios como son la capacidad de carga de un territorio y el uso racional de los recursos, ¿pero por qué sucede esto?
En primer lugar, se podría decir que a pesar de las administraciones ambientales, generalmente en la forma de departamentos de ordenación territorial, medio ambiente o desarrollo sostenible, ganan en protagonismo y visibilidad con el proceso de integración comunitaria, han jugado tradicionalmente un papel menor dentro de los ejecutivos al ser departamentos con recursos humanos y financieros ciertamente limitados. En ocasiones las competencias ambientales caen en departamentos bajo titularidad del socio menor de la coalición, a veces incluso expresamente como moneda de cambio para pactos postelectorales, lo cual da idea de un cierto papel de marginalidad asignado a estos departamentos que en muchos casos les imposibilita para hacer de elementos tractores sobre otras políticas sectoriales.
Pero además, se da la circunstancia de que otros departamentos, tanto a nivel estatal como autonómico, desarrollan políticas con incidencia territorial y medioambiental, promoviendo infraestructuras o regulando y gestionando el uso de recursos naturales, disfrutado de cierta situación de privilegio motivada por el predominio de valores desarrollistas, una coyuntura económica expansiva, y un déficit secular de infraestructuras y desfase económico. Se podría aventurar como hipótesis que el perfil formativo del personal de estas administraciones ha jugado un papel en este sentido, dificultando a menudo la interiorización de criterios ligados al desarrollo sostenible y la gestión prudente del territorio. Sólo tardíamente han incorporado demandas medioambientales, fundamentalmente a través de la generalización de las evaluaciones de impacto ambiental y como consecuencia de la creciente influencia de demandas medioambientales en las sociedades europeas.
En segundo lugar, aún podríamos añadir que esas diferencias internas son tanto más relevantes cuanto menos visible es la política sectorial en cuestión en el global del discurso partidista: si la política sectorial, como es el caso de la de ordenación territorial, no ocupa un lugar de preeminencia en el proyecto electoral y político de un partido, no es uno de los temas de campaña, es probable que el consenso interno acerca de su nivel de prioridad y sus objetivos sea menor y tanto más difícil construir una política coordinada y homogénea.
Se aboga hasta la saciedad, desde los centros de poder y decisión, por criterios de sostenibilidad convirtiendo el término de desarrollo sostenible en una palabra fetiche, mágica, comodín, que está siendo manejada arbitrariamente por todos sin haber debatido y definido con precisión su significado, alcance y contenido, así como las vías idóneas para su implementación desde distintas escalas político-territoriales, lo que conlleva su vulgarización, corriéndose el riesgo de que se transforme en un nuevo talismán evocador de nuevos planteamientos, pero en la práctica carente de virtualidad alguna (Allende Landa, 1995), siendo harto difícil discernir si lo que nos intentan colar es un proyecto ideal o más bien se trata de un “truño” depredatorio y especulador, más propio del carácter megalómano de algún mandamás que de idearios ambientalistas. Por lo tanto es de vital importancia una profunda reflexión en las políticas con incidencia territorial-ambiental, respetando y cumpliendo los principios recogidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo) que establece que «el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras». Lo crean o no, el territorio es un recurso no renovable, como el petróleo.
