La Guardia Civil impide en Riquel a la empresa ‘Prebasa’ la salida de camiones cargados de áridos

En lo que pudiera entenderse como un presumible quebrantamiento del precinto por parte de esta industria, el periódico La Opinión publicaba ayer que efectivos del SEPRONA acudieron al Juzgado de Icod para presentar los preceptivos informes después de que los agentes levantaran acta de lo sucedido

15 de agosto 2009

 

Lo desveló ayer el periodista Pedro H. Murillo en el diario La Opinión. Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil impidieron este jueves la salida de varios camiones de las instalaciones de la empresa Prebasa; una de las industrias precintadas cautelarmente en junio por el Juzgado Número 1 de Icod de los Vinos en la costa de Riquel. El representante de la citada empresa, José Afonso González, explicó a ese diario que “cuenta con la autorización expresa del Juzgado para la limpieza de su propiedad ya que la jueza suplente de la mencionada instancia judicial dictó un auto con fecha del miércoles por el que me permite entrar a pesar de los precintos y levantar la maquinaria, además de limpiar la zona".

El propietario de Prebasa dijo no entender la actitud de los miembros de la Guardia Civil, quienes "me aseguran que no puedo sacar los áridos". Según pudo saber La Opinión, el auto judicial al que se refería José Afonso sólo le autorizaba el traslado desde las industrias de varias oficinas móviles, pero no la continuación de las actividades extractivas.

En lo que pudiera entenderse como un presumible quebrantamiento del precinto por parte de esta empresa, Pedro H. Murillo publicaba en el citado rotativo que efectivos del SEPRONA acudieron ayer al Juzgado de Icod de los Vinos para presentar los preceptivos informes después de que los agentes levantaran acta de lo sucedido en la mañana del jueves en las instalaciones de Prebasa.

La instrucción judicial

A pesar del revuelo mediático suscitado tras los precintos de las cinco empresas dedicadas al desguace de vehículos y extracción de áridos radicadas Riquel, la causa judicial se encuentra en su primera fase. En este sentido, después de que el Ministerio Fiscal ratificara el auto dictado por el Juzgado icodense el pasado 5 de junio, las industrias sólo les queda recurrir a la Audiencia Provincial para intentar que la jueza autorice el levantamiento de las medidas cautelares. Sin embargo, esta posibilidad se antoja poco probable, ya que en el auto se advierte que los precintos y cierres de las industrias se decretan "para evitar la presunta actividad delictiva y en aras de evitar perjuicios de naturaleza irreparable”.

Recordaba ayer a sus lectores La Opinión que esta decisión judicial viene determinada por la denuncia interpuesta en 2004 contra las cinco industrias de Riquel y contra el entonces alcalde de Icod, Juan José Dorta, por parte de la ‘Asociación de Vecinos San Marcos Los Pescadores’ por la comisión de presuntos delitos relativos a las ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, ya que ninguna de las industrias denunciadas cuentan con las preceptivas licencias para desarrollar su actividad. Al respecto, el Ministerio Fiscal advierte que la investigación está muy avanzada a la espera de varios informes redactados por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN).

Zona de afección de Costas

Prebasa está denunciada por instalar en Riquel una empresa de transformación de áridos y fabricación de hormigones en la zona de afección de Costas; por la extracción y transformación de áridos mediante una planta no autorizada, y por la instalación de una planta de machacado y limpieza, silos de fabricación de hormigones, depósitos de combustible y un grupo electrógeno sin autorización.

La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ordenó en 2002 la suspensión de la actividad de Prebasa en Riquel, donde instaló una planta de tratamiento de áridos sin contar con declaración de impacto ambiental. Según el auto, "Prebasa carece de licencia y autorización de actividad clasificada, no cuenta con evaluación de impacto, y su planta de clasificación de áridos no está autorizada".

El informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) indica que Prebasa desarrolla su actividad industrial en "suelo rústico de protección costera y agraria". Según una denuncia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de mayo de 2007, Prebasa también habría ejecutado en el pasado actividades extractivas sin autorización. Esta empresa trabaja en Riquel desde 2000 y ocupa una superficie de 30.000 metros cuadrados, "sin contar con autorizaciones administrativas, licencias, plan de restauración del medio, clasificación territorial ni declaración de impacto ambiental".

En 2004 el Seprona ya había denunciado la actividad de Prebasa. Dos años antes, la APMUN inició un expediente contra la empresa, expediente que inexplicablemente caducó. El auto califica la actividad de Prebasa como "ilegal y clandestina" y señala que "queda descartado en todo caso el uso industrial del suelo que ocupa, por su proximidad al Lugar de Interés Comunitario (LIC) Acantilado de Los Perros".

Según cita el auto, un informe de un biólogo elaborado en 2002 -a petición de la APMUN- califica que el daño ambiental de Prebasa en Riquel es "significativo" y "muy significativo" en posteriores informes de 2003 y 2005. El Seprona recomendó el precinto de la actividad de Prebasa "vista la ineficacia de las diferentes actividades administrativas llevadas a cabo para paralizar la actividad".