Tras desvelarse a través de El Día el “rosario de irregularidades, incumplimientos y hasta ocho expedientes sancionadores que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), dependiente del Gobierno de Canarias, dejó caducar en una sorprendente muestra de ineficacia continuada” en el caso de Riquel, bueno es refrescar hoy la memoria de los lectores sobre el origen del precinto judicial del pasado 19 de junio.
Lo publicaba este diario digital al día siguiente del cierre de las cinco industrias. Así, en LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS el sábado 20 de junio podía leerse: A pesar del grave problema que ahora se plantea con los puestos de trabajo de más de 400 personas, la Justicia ha actuado sin paliativos. Para ello, han tenido que transcurrir cinco años desde que la Asociación de Vecinos San Marcos – Los Pescadores presentara una querella por el deterioro medioambiental que afecta al litoral de Riquel desde los años setenta del pasado siglo. Como se recordará, esta denuncia originada en 2004 fue contra los empresarios de Prebasa, Forthor Canarias, Áridos Abreu, Desguaces Insulares y Desguaces Tenerife, así como contra el entonces alcalde de Icod, Juan José Dorta. Por consecuencia de ello los cinco directivos empresariales y el ex regidor icodense están desde entonces imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio y la salud pública.
Tras producirse diversas manifestaciones vecinales en agosto de 2004, en septiembre de ese año la prensa provincial y muchos foros y blogs de Internet -este diario aún no existía entonces- publicaban la noticia de que el citado colectivo ciudadano, tal como ya habían advertido un mes antes a raíz de las manifestaciones, presentaba una querella contra el alcalde socialista icodense y los cinco empresarios. La querella fue admitida a trámite por el Juzgado Número 1 de Icod en noviembre del mismo 2004. En las diligencias previas de esta querella, en marzo de 2005 LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS publicaba * la declaración del alcalde Dorta ante la Justicia.
Aquel verano de hace un lustro los vecinos cumplían con la promesa expresada en la que advertían que “si las administraciones públicas no asumían sus responsabilidades acudirían al Juzgado, esperando que los tribunales se pronunciaran sobre las actividades industriales en Riquel”.
La Asociación ‘San Marcos - Los Pescadores’ aseguraba en septiembre de 2004 que “de las declaraciones de determinados políticos locales e insulares, como es el caso del primer teniente de alcalde Maximino Fuentes y del consejero insular de Medio Ambiente, Wladimiro Rodríguez Brito, se desprende que existe un plan calculado entre empresarios, Cabildo y Ayuntamiento de Icod de los Vinos, que busca convertir a Riquel y Las Charnecas en zona de depósito de residuos para la comarca o para la Isla. Si el Ayuntamiento de Icod es parte de este plan y lo oculta a los ciudadanos, no tiene perdón”. Riquel -decían los vecinos en un comunicado de prensa- “ya pagó un largo tributo de basuras y degradación. Ahora este espacio se debe recuperar para la vida, y tener un uso compatible con la calidad que los vecinos de Icod se merecen, sobre todo después de todos estos años de ruido, polvo y degradación”.
Se preguntaban asimismo en aquel comunicado los vecinos "¿Por qué se tolera que industrias irregulares sumen beneficios diarios a costa del más brutal ataque que un espacio rústico de costa ha sufrido en Tenerife?". Decían los playeros también entonces “que no se entiende cómo se persigue a los ciudadanos por cualquier obra sin licencia y se permite que estos señores revienten laderas, viertan y acumulen toneladas de chatarra o las entierren de cualquier modo y sin control".
Han pasado cinco años y con ello las respuestas a los vecinos. Por lo negativo, en la ineficacia de la APMUN en éste y en otros casos, como el de las obras de la finca de Boquín. En lo positivo, el dictamen judicial de precinto. Entre todo ello, y hasta ahora, la vista gorda de los políticos y el lucro empresarial incumpliendo la Ley. Por último, la desafortunada coyuntura de posibles pérdidas de centenares de puestos de trabajo, además en tiempos de crisis económica.
