Desde el Gobierno de Canarias se dejaron caducar ocho expedientes a empresas de Riquel
El auto judicial que justifica el precinto de las industrias detalla que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) dejó caducar al menos ocho procesos sancionadores contra las actividades en Riquel
06 de julio 2009 / El Día (Raúl Sánchez)
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El auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod que ordenó la suspensión de las actividades de las cinco empresas ubicadas en Riquel, describe todo un rosario de irregularidades, incumplimientos y hasta ocho expedientes sancionadores que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), dependiente del Gobierno de Canarias, dejó caducar, en una sorprendente muestra de ineficacia continuada. A continuación se detallan, empresa por empresa, los argumentos esgrimidos por la jueza en el auto dictado para precintar las industrias de Riquel.
Prefabricados Santa Bárbara.- Prebasa está denunciada por instalar en Riquel una empresa de transformación de áridos y fabricación de hormigones en la zona de afección de Costas; por la extracción y transformación de áridos mediante una planta no autorizada, y por la instalación de una planta de machacado y limpieza, silos de fabricación de hormigones, depósitos de combustible y un grupo electrógeno sin autorización.
La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno canario ordenó en 2002 la suspensión de la actividad de Prebasa en Riquel, donde instaló una planta de tratamiento de áridos sin contar con declaración de impacto ambiental. Según el auto, "Prebasa carece de licencia y autorización de actividad clasificada, no cuenta con evaluación de impacto, y su planta de clasificación de áridos no está autorizada".
El informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) indica que Prebasa desarrolla su actividad industrial en "suelo rústico de protección costera y agraria". Según una denuncia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de mayo de 2007, Prebasa también habría ejecutado en el pasado actividades extractivas sin autorización. Esta empresa trabaja en Riquel desde 2000 y ocupa una superficie de 30.000 metros cuadrados, "sin contar con autorizaciones administrativas, licencias, plan de restauración del medio, clasificación territorial ni declaración de impacto ambiental". En 2004 el Seprona ya había denunciado la actividad de Prebasa. Dos años antes, la APMUN inició un expediente contra la empresa que caducó (1). El auto califica la actividad de Prebasa como "ilegal y clandestina" y señala que "queda descartado en todo caso el uso industrial del suelo que ocupa, por su proximidad al Lugar de Interés Comunitario (LIC) Acantilado de Los Perros".
Según cita el auto, un informe de un biólogo elaborado en 2002 -a petición de la APMUN- califica el daño ambiental de Prebasa en Riquel es "significativo" y "muy significativo" en posteriores informes de 2003 y 2005. El Seprona recomendó el precinto de la actividad de Prebasa "vista la ineficacia de las diferentes actividades administrativas llevadas a cabo para paralizar la actividad".
Forthor Canarias SA.- Esta empresa se dedica en Riquel a la preparación de hormigones con "una tolva, dos silos de cemento, una bañera de lavado de hormigón, un depósito de combustible, un grupo electrógeno y una pequeña oficina". Esta empresa funciona en Riquel, según el auto, "desde los 70", en una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados. En 1982 obtiene una licencia de instalación, pero no una autorización que ampare su actividad en suelo rústico de protección agraria.
Un informe municipal de 1993 informaba de que la instalación dosificadora de hormigones producía un deterioro del entorno por el polvo en suspensión y al vertido de desechos que "arruina la flora y fauna de la zona, degradando el paisaje de forma irreversible".
En 1994, la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente ordenó la suspensión de actividades de Forthor. En 1998, el Seprona denunció a la empresa por el vertido de residuos sólidos de hormigón en la costa.
Forthor, "al realizar una actividad molesta por la producción de ruidos, insalubre por la producción de polvo y peligrosa por el almacenamiento de combustible, carece de licencia". Tiene abierto un expediente de la APMUN, a raíz de una denuncia del Seprona en 2004. En este expediente se indica que sus instalaciones no se adaptan a la licencia concedida en 1982 y tampoco al planeamiento vigente.
En 2004, la Consejería regional de Política Territorial y Medio Ambiente también advirtió a Forthor de que carecía de licencia e invadía la zona de servidumbre de protección, "pudiendo ser responsable de vertidos al mar".
Según el auto, esta empresa se dedica en la actualidad a mezclar componentes para obtener hormigón "sin título habilitante para ello". La jueza recalca que "no existe proyecto de recuperación de la zona, ni licencia para la actividad y tampoco se respeta el proyecto inicial en cuanto a ubicación y número de edificaciones".
Áridos Abreu Luis SL.- El auto judicial señala que esta empresa de extracción y transformación de áridos opera sin contar con la autorización de actividad clasificada. Motivo por el que la APMUN abrió en 2002 un expediente sancionador que ordenaba su precinto, pero también se dejó caducar (2).
El Seprona indica en su informe que Áridos Abreu cuenta con una instalación de tratamiento de áridos y realiza "extracciones en la cantera ilegal que tiene allí, existiendo antecedentes de extracciones en terrenos anexos, careciendo de autorización minera, razón por la cual se inició expediente sancionador. También carece de licencia para extraer áridos, razón por la que la APMUN inició varios expedientes administrativos, la mayoría caducados".
La Guardia Civil constata que tampoco tiene declaración de impacto ambiental, que fue denegada en 1994, "razón para entender que su actividad es ilegal y clandestina". Ese año se ordenó el precinto de la actividad de Áridos Abreu, levantado en 1995 por el Ayuntamiento de Icod. En 1999 se inició otro expediente administrativo de la APMUN que, igualmente, caducó y fue archivado (3). También se dejaron caducar un tercer y cuarto expediente de la APMUN, de 2001 y 2004 (Los números 4 y 5 del total), el último por extracción de áridos a menos de 200 metros del LIC del acantilado de Los Perros, junto a Riquel. En la actualidad existe un quinto expediente sancionador abierto contra Áridos Abreu.
El auto recalca que Áridos Abreu también actúa "sin ningún tipo de autorización en suelo calificado como rústico de protección paisajística costera y agrícola, calificaciones que impiden la legalización de sus actividades". Un informe de hace menos de una década calificaba el impacto de su actividad como "muy alto" y añadía que arruinaba la flora y fauna de la zona, "degradando el paisaje de forma irreversible".
"En definitiva, la empresa no cuenta con ninguna autorización para su actividad, ni para extraer áridos, ni para tratarlos, ni tampoco licencia urbanística, declaración de impacto ni Plan de Restauración", subraya el auto.
Desguaces Tenerife SA.- Esta empresa solicitó licencia municipal para almacén de chatarra en 1978, con la condición de que se vallara todo el recinto para que desde el exterior no fuera visible. Sin embargo, el auto indica que en 1992, "la Dirección General de Disciplina Urbanística inició un expediente sancionador por la instalación no autorizada de un depósito de chatarras y desguaces y una fábrica de cemento, advirtiendo de que se había incumplido de manera muy grave la licencia local en su día concedida, por la ocupación indiscriminada de gran parte de la finca e incluso de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo, con posibles vertidos al mar".
El auto insiste en que Desguaces Tenerife ocupa suelo rústico de protección paisajística de costa y rústico productivo y, por lo tanto, no es legalizable. Además, recuerda que en 1994, la Consejería regional de Política Territorial ya ordenó la suspensión de la actividad de vertido y almacenamiento de chatarra.
El responsable de la empresa declaró ante la jueza que "ignora si tiene licencia del Cabildo para ejercer actividad clasificada, que está en trámites para adaptarse a la normativa vigente sobre centros de tratamiento de vehículos y que construyó una nave de 500 metros cuadrados sin licencia municipal para adaptarse a la normativa comunitaria de descontaminación de vehículos". Tampoco posee autorización de Costas.
El Seprona informó en 2004 que la empresa carecía de autorización para descontaminar y gestionar vehículos y que esta actividad se realizaba sin los requisitos técnicos exigibles para ser autorizado. Estas observaciones fueron corroboradas por la Oficina Técnica Municipal, lo que llevó al Ayuntamiento de Icod a solicitar a la empresa que se ajustara a la licencia concedida. En 2005, el consistorio ordenó la suspensión inmediata de su actividad; los precintos no fueron respetados, pero este expediente sancionador también caducó, según indica el auto.
El informe de la visita de un ingeniero industrial a la empresa en 2005 denuncia que continuaban las labores de desguace, que se observaba una gran cantidad de aceite en el suelo del local, "no debidamente impermeabilizado", y que no existía el saneamiento para tratar vertidos contaminados.
Un informe pericial encargado por el Juzgado Nº2 de Icod, en 2008, indica que "existe un desguace incontrolado, donde no hay tratamiento previo de descontaminación total de la chatarra o vehículos. Se detectan derrames de aceites, grasas y líquidos corrosivos que contaminan el suelo y el subsuelo". Este informe concluía que las instalaciones incumplían la normativa y producían un "alto riesgo de contaminación del suelo, el subsuelo, el acuífero y la costa".
El Seprona añadía en su informe de febrero de 2009 que la zona de descontaminación no es adecuada, que los vehículos se fragmentan y prensan a la intemperie y que existen filtraciones y vertidos al suelo.
La APMUN abrió dos expedientes a Desguaces Tenerife que también se dejaron caducar (6 y 7), a pesar de que en ellos se mencionaba que la empresa no estaba autorizada a tratar residuos peligrosos o que ocasionaba un daño ambiental muy significativo. La Cotmac denegó en 2007 la declaración de impacto ambiental a la empresa. El Seprona afirma que algunos vehículos llegan a ocupar parte del LIC y el auto concluye que "no cuenta con ningún tipo de autorización para la descontaminación y gestión de vehículos".
Desguaces Insulares SL.- El auto recuerda que el Seprona ya denunció a esta empresa en 2004 por carecer de licencia para la venta y almacenamiento de repuestos, y la chatarra al aire libre. La APMUN abrió en 2002 un expediente sancionador a esta empresa que, como es habitual en el caso de Riquel, caducó y quedó sin efecto, a pesar de que pedía la retirada de toda la chatarra y de las tierras contaminadas (el número 8 del total).
Según el Seprona, la licencia municipal de Desguaces Insulares sólo permite almacenar vehículos y chatarra, pero no descontaminar ni gestionar vehículos. El Ayuntamiento de Icod ordenó en 2005 el cierre inmediato del almacén y la empresa negó haber tirado coches al mar. La APMUN, en una visita realizada en 2007, afirmó que la empresa funcionaba desde hacía más de una década en una parcela de unos 6.500 metros cuadrados, "donde se contabilizan alrededor de 100 manchas de aceite sobre el suelo de un metro de diámetro cada una". La APMUN habla de contaminación dispersa del suelo, "pero generalizada", y afirma que la empresa desarrolla su actividad sin respetar la normativa, "produciéndose vertidos de residuos peligrosos sobre suelo permeable". Según denunciaba la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, "la afección del suelo contaminado por Desguaces Insulares es irreversible".
