Berriel considera que las empresas de Riquel actuaban de forma clandestina

04 de julio 2009 / Europa Press / El Día

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel (CC), aseguró esta semana que las actividades empresariales que se estaban desarrollando en la zona de Riquel, en el municipio de Icod de Los Vinos, "se han estado haciendo de forma clandestina". Berriel responsabilizó, además, a los empresarios de la situación en la que se encuentran sus trabajadores por "no tener las industrias en zonas legales". El abogado de dos de las cinco empresas precintadas por orden judicial en Riquel, José Manuel Fernández del Torco, calificó de "esperpénticas y kafkianas" estas declaraciones de Berriel.

El consejero regional también advirtió de que las actividades de las empresas de Riquel son "difíciles de legalizar. Hay una resolución judicial por un delito continuado contra el medio ambiente en la que uno no se puede entrometer, ni tampoco obviar". Berriel señaló que "ha habido resistencia por parte de las empresas a cumplir desde hace años".

Domingo Berriel opinó que la única forma de legalizar estas actividades es buscar un nuevo emplazamiento, para luego proceder a la restauración del ámbito de Riquel. En este sentido, el consejero nacionalista indicó que se está estudiando que pueda llegar a Riquel un Centro de Desguaces Móvil para sacar los vehículos enterrados en la finca y proceder a su restauración.

A su juicio, las extracciones de áridos se están haciendo fuera del ámbito extractivo autorizado y, por lo tanto, "lo único autorizable es la restauración de la finca de Riquel".

Del Torco subraya que "ni las empresas ni los trabajadores vamos a descansar hasta que esta situación se solucione. Vamos a seguir luchando". Precisamente para el sábado día 11 de julio ya está convocada y autorizada una nueva manifestación de afectados por el cierre de las cinco industrias de Riquel, que volverá a recorrer el casco de Icod de los Vinos.

El juzgado número 1 de Icod de los Vinos ordenó el pasado 19 de junio el cierre y el precinto cautelar de las cinco empresas radicadas en Riquel por "no contar con las autorizaciones necesarias y suponer un riesgo para el Medio Ambiente".