Empresarios de Riquel recurren el precinto de las actividades industriales
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Señalan que "se perderán cerca de 400 puestos de trabajo directos y 800 indirectos, y la paralización del 85% del reciclaje de automóviles de la Isla y de las obras del puerto de Garachico y del tramo Norte del Anillo Insular"

12 de junio 2009 Diario de Avisos

El auto del Juzgado de Instrucción Número Uno de Icod que ordena la suspensión de las actividades extractivas y de desguaces que se realizan en Riquel ya ha sido recurrido por algunos de los empresarios a los que afecta la decisión judicial, "ya que no todos han recibido aún la comunicación oficial al respecto". Así se dio a conocer ayer en Santa Cruz por el letrado Juan Manuel Fernández del Torco y los propietarios de Desguaces Tenerife y Prebasa, Celio Rodríguez Zarza y José Afonso, respectivamente.

El recurso de los empresarios, según se detalla en una nota de prensa, "se basa tanto en consideraciones jurídicas como políticas y sociales". A ese respecto, Fernández del Torco cree que el Ministerio Fiscal apoyará el recurso interpuesto "basándose en que se está adoptando una medida, la suspensión de actividades, que no está prevista en el Código Penal, y con una urgencia que no procede -detalla-, porque las actividades empresariales llevan más de diez años realizándose y con el problema de índole social que puede acarrear la inexistencia de soluciones por parte de las administraciones públicas implicadas, y la consiguiente pérdida de cerca de 400 puestos de trabajo directos y 800 indirectos, y la paralización del 85% del reciclaje de automóviles de la Isla y de las obras del puerto de Garachico y del tramo Norte del Anillo Insular".

El comunicado recuerda que en el sumario abierto en 2004 prestaron declaración como imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio los representantes de cuatro empresas y el entonces alcalde de la localidad. "Como resultado -apuntan-, se iniciaron negociaciones con los representantes de las administraciones públicas implicadas: Gobierno de Canarias, para quien El Riquel es una zona de extracción minera; Cabildo de Tenerife, que califica igual a dicha zona en el PIOT y la contempla como zona apta para el reciclaje en el PTEOR y el Ayuntamiento".

Asimismo, señalan que en las negociaciones el Consistorio "se comprometía a facilitar a los empresarios un lugar en el que instalar unas industrias que son absolutamente necesarias" para el Norte. Los empresarios, por su parte, presentaron varios proyectos que permitían la rehabilitación de Riquel como espacio público.

LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS ofrece una serie de noticias de 2005 relacionadas con este espinoso asunto. Un año éste que en su primavera tuvo especial relevancia porque suscitó movilizaciones vecinales pidiendo el traslado de las industrias de Riquel, peticiones de precinto judicial por parte del grupo de gobierno socialista, comunicados de la oposición de aquella época, Coalición Canaria, e incluso la declaración judicial * del entonces alcalde Icod, Juan José Dorta, que, como asimismo refleja esta noticia de hoy, fue imputado en la causa junto a cuatro empresarios de la zona. Bueno es hacer memoria.

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