O P I N I Ó N

La corrupción, reflejo de una clase política

05 de junio 2009
Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca Periodista. Ex director de Diario de Avisos

Las investigaciones que practica estos días el Juzgado número 5 de Arrecife de Lanzarote en colaboración con la policía judicial de la Guardia Civil vuelven a traer al primer plano el recurrente tema de la corrupción, término que el Diccionario de la Lengua define como "acción y efecto de corromper" y que a su vez, en la acepción más clásica, concreta del siguiente modo: "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Para aclarar las cosas, corromper es, en el significado que quiero dar a esta palabra, "sobornar a alguien con dádivas o de otra manera", "pervertir o seducir a alguien", "alterar y trastocar la forma de algo", "echar a perder, depravar, dañar, pudrir" y "estragar, viciar".

Junto con el desempleo, la corrupción política y económica es a mi juicio el problema más grave de la democracia española y, desde luego, uno de los principales males del sector público, por su pervivencia
y enquistamiento, por la amplitud de sus conexiones y por el fortísimo impacto que tiene en la opinión pública. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que desde el sector de la construcción se financia a partidos y ayuntamientos. Canarias no es a estos efectos una excepción; al revés, conforme pasa el tiempo se constata con mayor claridad que las Islas se han convertido en terreno abonado con numerosos asuntos de corrupción visible (de la invisible poco se puede decir, salvo la impresión ampliamente extendida de que es mayor que la que se observa). Basta recordar, entre otros, los casos de Tindaya, Tebeto, Las Teresitas, Isolux, Doramas, Salmón, Canódromo, Eólico, Valle Gran Rey, Arona, Amorós, Dimas Martín, González Arroyo, Góndola, Faycán, Parque Marítimo, Ambulancias, Autoridad Portuaria de Las Palmas, Varadero, Taguluche, Yaiza, Puerto Marena, Cofalca, La Mareta, Icfem, Montaña Morera, Forum Filatélico, Parlamento, hoteles de Lanzarote, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Brisán, Mamotreto, Bango... En total, pasan del centenar los casos judiciales abiertos por corrupción, en los que está implicada más de un millar de personas.

Son muchas las formas de corrupción y muy graves los daños y perjuicios que ocasiona, directa o indirectamente, mediante malversaciones, pelotazos, favoritismos, opacidades, compensaciones y toda suerte de modos y maneras con que se encubren estas prácticas escandalosas que protagonizan personas vinculadas a la vida pública, en ocasiones en connivencia con empresarios desalmados o con buscavidas que se hacen pasar por empresarios cuando en realidad ejercen de oportunistas que premian a quienes se prostituyen por unos miles de euros. La corrupción no es una consecuencia inevitable del ejercicio del poder como pudiera parecer, sino una práctica deleznable que socava la moral de la sociedad y deja a la altura del betún al individuo que la lleva a cabo.

La actual crisis financiera internacional, con su correspondiente secuela de efectos económicos y sociales, es fruto de una corrupción monstruosa que se saltó todos los controles y acabó con todas las cautelas; sólo importaba la obtención de beneficios rápidos, así que cualquier acción que permitiera especular y llenar fácilmente los bolsillos fue puesta en práctica sin ninguna consideración. El caso Madoff es también otra forma de corrupción que refleja una asombrosa pérdida de valores y de ética. Los paraísos fiscales, la economía sumergida (que representa casi la cuarta parte del producto interior bruto nacional), los problemas de algunos bancos y cajas de ahorro, la financiación bajo cuerda de los partidos, la utilización de bienes públicos en beneficio privado, la demora excesiva en los trámites administrativos, la falta de facturas por servicios prestados en tiempo y forma, el despilfarro en el gasto público, la arbitrariedad en la planificación urbanística, las privatizaciones de empresas, las recalificaciones de terrenos, el gasto innecesario para cambiar instalaciones oficiales que se hallan en perfecto estado, la prostitución y/o venta íntima en el escaparate público, vía televisiones y revistas, de los ciudadanos... Estos ejemplos y otros muchísimos más son moldes fehacientes y factibles de corrupción.

En Internet hay centenares de páginas que recogen casos de corrupción que se vienen dando en el mundo. Acerca de España existen monografías detalladas que revelan la gravedad y el alcance del problema, así como la complicidad terrible de la política, la judicatura y la policía. Sólo en 2008 los tribunales dictaron más de 250 sentencias condenatorias por delitos referidos exclusivamente a la ordenación del territorio, quedando a final de año más de 1.500 procedimientos judiciales abiertos por la comisión de delitos urbanísticos. Entre los escándalos más recientes, quizás el más notable por su proyección internacional es el llamado Informe Auken. Fue realizado a instancias de la eurodiputada danesa de Los Verdes Magrete Auken, aprobado en marzo pasado por la Comisión de Peticiones del Europarlamento y se refiere al impacto del urbanismo en nuestro país. En él se condenan los abusos de los promotores inmobiliarios y se señala que el urbanismo salvaje e insostenible amparado por las autoridades competentes y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente "son la primera causa de muchos problemas relacionados con un sistema de urbanización masiva que ha destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral y el interior de España". Añade que en España se da una "corrupción endémica" y que en las zonas costeras se transgreden reiteradamente directivas de protección ambiental, como la de evaluación de impacto ambiental o la evaluación estratégica, entre otras.

Por su parte, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha recomendado a España que "endurezca" las penas relativas a los delitos de corrupción y tráfico de influencias y que "intensifique" el control fiscal de los partidos políticos a través de auditorías internas. En su tercer Informe de Evaluación sobre España, que analiza la lucha contra la corrupción y la transparencia de la financiación de los partidos políticos, el Greco incluye 15 recomendaciones cuya puesta en funcionamiento será evaluada en la primera mitad de 2011. El informe, elaborado en 2008, considera que algunas de las sanciones penales aplicables a los delitos de cohecho y tráfico de influencias son "demasiado leves". En tal sentido opina que "el complejo marco legal español es deficiente en su dimensión internacional" a la hora de perseguir los delitos de cohecho en el sector público, mientras que los sobornos en el sector privado no están perseguidos "en absoluto".

La propia Unión Europea fijó en 1994 unos criterios anticorrupción por considerar que este fenómeno mina la confianza en la democracia, atenta contra la primacía del Derecho, desconoce los derechos humanos y pone en peligro el progreso social y económico. Hasta mayo de 2005 España no firmó los Convenios Penal y Civil sobre la corrupción, del Consejo de Europa, y el Protocolo 14 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, abiertos a la firma desde 1999 y que afectan a los sectores público y privado de cada país. También ha firmado la Convención de la ONU contra la Corrupción, que procede de 2003, y el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (conocido como Convenio Anticohecho), que tipifica a la vez el blanqueo de dinero como delito conexo al de corrupción.

El Banco Mundial (BM) mantiene abierta permanentemente una línea telefónica y una página web para recoger denuncias sobre casos o sospechas de corrupción y fraude, dentro y fuera de la institución, y son muy valorados y respetados sus informes sobre los indicadores mundiales de buen gobierno. En tan solo ocho años, ha puesto el problema de la corrupción en el centro del debate hasta convertirlo en un asunto central del desarrollo. No obstante, el Banco, que aplica una estrategia global e integrada de lucha contra la corrupción por considerarla enemiga de la pobreza, ha sufrido escándalos, el último de ellos los líos amorosos de su ex presidente Paul Wolfovitz, por mala utilización de sus recursos económicos.

A su vez, organizaciones como Transparency International (TI), nacida en 1993 para medir y combatir este fenómeno abyecto, desempeñan un papel relevante en la mejora de la vida de millones de personas creando conciencia e impulsando un movimiento de intolerancia y lucha contra la corrupción mediante consejos y prácticas para eliminarla. El Barómetro de Corrupción Global 2008 de TI acredita que la situación tiende a empeorar en todo el mundo. Este informe, que se basa en sondeos y encuestas, destaca que en todas partes se identifica a la clase política (a los partidos en primer lugar y a los parlamentos después) como la más corrupta, seguida, en el caso español, de la policía, el sistema judicial y las empresas. Las instituciones percibidas como más honestas son el Ejército, las entidades religiosas y las ONG. Un 3% de los encuestados en España por TI reconocieron que habían pagado algún tipo de soborno, siendo la media mundial del 13%, lo que coloca a nuestro país en séptimo lugar de Europa por pago de sobornos.

La gran mayoría de los países democráticos tienen en vigor medidas contra la corrupción en sus muy diversas formas de manifestarse. Constituciones, códigos de buena conducta o buen gobierno, manuales éticos, acuerdos contra el transfuguismo forman parte de las normas jurídicas, incluso en países no democráticos. Lo triste es que luego, como sucede en España, el abuso de poder para la obtención de beneficios personales sólo está marcado, más que en etiquetas y pactos y en el mismo Código Penal, por la integridad personal, ética y moral de los ciudadanos con responsabilidades públicas o de autoridad. Pero allí donde haya personas sin escrúpulos, habrá corrupción; una corrupción que en los últimos años se ha sofisticado y se ampara en lobbys, informaciones privilegiadas, tráficos de influencia, concesiones y favores a la carta e ingenierías financieras que se saltan los sistemas de control, vigilancia y lucha contra el delito.

Resulta muy difícil combatir la corrupción desde las instancias oficiales. En países ejemplares como Suecia y Nueva Zelanda, considerados los más limpios y menos corruptos del mundo, es proverbial el respeto a las normas morales y éticas, que son colocadas al mismo nivel que las jurídicas, así como la despolitización de la Administración Pública. La transparencia gubernamental y la denuncia pública sirven también de acompañamiento indispensable para mantener oxigenado el sistema, ya que se ha comprobado que existe una relación inversamente proporcional entre los niveles de transparencia y la corrupción. Ambos países eliminaron hace tiempo el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado. Este tipo de administraciones se muestran más flexibles y eficientes

Para Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Goteburgo y uno de los mayores expertos mundiales en temas de corrupción, la principal causa de los escándalos en España es "el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones." Y añade que "el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que uno u otro partido gane las elecciones". A diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones".

Para acabar con la corrupción pública, el profesor Lafuente propone la sustitución del modelo de gobierno local actual, en el que el alcalde y su mayoría de gobierno acumulan mucho poder, por el denominado city-manager. En él los cargos electos retienen la capacidad de iniciativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política. Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos el partido que gana las elecciones tiene las manos atadas para hacer nombramientos, porque un directivo profesional gestiona la organización administrativa o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición.

Quizás en el caso canario convenga además reclamar, en vista de la corrupción que nos ahoga, un reforzamiento de la Fiscalía Anticorrupción y de los medios y apoyos de que dispone. Al propio tiempo sería deseable que tanto el Gobierno como el Parlamento, la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) suscriban sendos comunicados o manifiestos contra la corrupción, a los que podrían ir sumándose corporaciones, asociaciones, sociedades y organizaciones representativas, a modo de compromiso colectivo. Incluso sería deseable que el Gobierno remita al Parlamento un plan específico contra la corrupción. No creo yo que la sociedad considere normales los silencios y los pasotismos cuando los hechos revelan meridianamente que el cuerpo político está enfermo y que precisa por tanto de nuevas medidas de choque para tratar su urgente regeneración.

Como la corrupción no tiene ideología, la sociedad demanda que los funcionarios, los políticos y, en general, todas las personas que tengan una proyección de notoriedad y conocimiento público, actúen siempre con una ética, una moral y unas actitudes fuera de toda sospecha, tanto en sus vidas públicas como privadas. Doy por sentado -y creo que así opina también un altísimo porcentaje de los ciudadanos - que la gran mayoría de los políticos canarios -y por extensión los españoles- son honrados, íntegros, ejemplares. Y que vocacionalmente han llegado a la función pública con el propósito de servir rectamente los intereses generales. A ellos apelo para que entiendan la urgencia de un rearme ético-moral. Por la propia dignidad de sus cargos y porque la política tiene que ser la más noble y más reconocida de todas las tareas. Los corruptos, los sinvergüenzas, los trincones, los estafadores, los arribistas, los abusadores, los ineptos, deben ser denunciados y expulsados de las instituciones.

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