El ayuntamiento de Icod también acusa al ex alcalde Dorta en la causa judicial por la que se le investiga desde 2007
Según ha podido confirmar documentalmente este diario, el gobierno (CC-PP) del Ayuntamiento de Icod de los Vinos ha pedido al Juzgado número 2 de este municipio personarse como acusación particular en el caso que, desde mediados de 2007, se viene investigando judicialmente contra el anterior alcalde de la ciudad y actual portavoz municipal del PSOE, Juan José Dorta, imputado por dos presuntos delitos continuados de prevaricación y -posteriormente- por otro de tráfico de influencias.
Presentado dos escritos (el 23 de febrero y el pasado día 1 de este mes) el gobierno icodense de pacto entre nacionalistas y populares argumenta su solicitud ante la jueza Rodríguez “en cuanto que, tratándose presuntamente los hechos objeto de enjuiciamiento de delitos contra la administración pública, el Ayuntamiento ostenta legitimación para personarse como sujeto pasivo y perjudicado” en las actuaciones de las diligencias 736/2007.
Hay que recordar que además de la imputación contra el propio ex mandatario Dorta, como presidente que fue de la Junta de Gobierno Local en las fechas en que ocurrieron los hechos, por esta denuncia están asimismo imputados los políticos que conformaban este órgano municipal, por lo que el caso afecta también a los entonces tenientes de alcalde Maximino Fuentes, Ramón Socas, Bernardo Martín, Ana María Pérez, Jesús Manuel Rolo, Luciano López y José Alberto Ruiz. Posteriormente fue asimismo imputada la ex concejala Carmen Casilda Hernández.
Los hechos
A raíz de una acusación ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentada por dos ciudadanos aún siendo Juan José Dorta alcalde de la ciudad, hace casi ya tres años la fiscal jefe denunció ante el Juzgado irregularidades llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Icod en anteriores legislaturas. Tras la citada denuncia inicial se han presentado dos ampliaciones posteriores.
Siendo más de sesenta los hechos y cerca de cien los asuntos investigados por la jueza en el procedimiento que se instruye, en su conjunto los nueve políticos del Partido Socialista están imputados por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, así como otros de prevaricación en otras tipificaciones penales y tráfico de influencias.
En conexión directa o indirecta con más de veinte empresas y otras tantas personas particulares, los hechos que se vienen indagando genéricamente se concretan en concesiones de licencias de obra mayor, licencias de primera ocupación y utilización, cédulas de habitabilidad, aprobación de proyectos de urbanización, adjudicación de proyectos de obra y otras aprobaciones * de abono de facturas, irregularidades en compras y pagos, cerca de cincuenta contrataciones irregulares * de personal, subvenciones, publicidad institucional prohibida por Ley y financiada con fondos municipales y la creación de una comisión especial de concejales delegados de manera anómala.
El caso Riquel
No es esta la única imputación judicial contra el ex alcalde socialista de Icod de los Vinos. En 2004, tras una querella presentada por los vecinos de San Marcos * por presuntos delitos relativos a la ordenación del territorio, el patrimonio y el medio ambiente por actividad industrial irregular en la zona costera del Riquel, Juan José Dorta está siendo investigado * por el Juzgado número 1 de la ciudad por presunta prevaricación.
